En Colombia, la Corte Suprema ,ordenó la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que afectan al político, que gobernó el país andino entre 2002 y 2010.
El tribunal, concedió al exmandatario arresto domiciliario, investiga un expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios que favorecen al actual senador. Entre esas declaraciones figura la de un antiguo paramilitar que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe al nacimiento de un bloque de las Autodefensas colombianas.
Se trata de una decisión sin precedentes en Colombia. Uribe, fundador del actual partido de Gobierno, el Centro Democrático, y mentor político del presidente Iván Duque, ocupa actualmente un escaño en el Congreso tras convertirse en 2018 en el senador más votado en la historia del país. Su caso se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador progresista Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, se abstuvo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el congresista del Polo Democrático.
El propio Uribe confirmó la decisión de la Corte, que términos jurídicos según la legislación colombiana es una “medida de aseguramiento”, a través de sus redes sociales. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió en su cuenta de Twitter. La investigación se centra en esta fase en determinar si personas vinculadas a él, como sus abogados, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas. Se trataba de Los12 Apóstoles, que entre amenazas a la población, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano del expresidente, operaban según un grupo de testigos en una finca familiar.
La decisión de la corte venía precedida, la víspera por una fuerte controversia que involucró pronunciamientos de funcionarios del alto Gobierno, del Centro Democrático, las instancias judiciales y las del propio presidente Duque. “Seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe”, declaró el mandatario. “Yo creo que es una persona que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad”, reiteró ayer en Caracol Radio.
Los sectores de oposición consideraron los múltiples pronunciamientos como presiones a la justicia. El senador Cepeda había pedido al Centro Democrático “cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la corte”, y a Duque comportarse como un jefe de Estado “y no como defensor de oficio de su mentor político”. Cerca de la medianoche del lunes, todas las altas cortes publicaron un inusual comunicado conjunto para hacer un llamado al respeto de la rama judicial y su independencia. “Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance”, declararon.
Uribe es probablemente el político que más divide a la sociedad colombiana.
Amado y odiado, férreo detractor de los acuerdos de paz con las FARC alcanzados en 2016 por su sucesor, Juan Manuel Santos, en torno a él se constituyó toda una corriente política, el uribismo, que en la práctica encarna posiciones de derecha radical.
Durante sus dos mandatos impulso una política de seguridad aplaudida por los sectores más conservadores por su mano dura, pero al mismo tiempo señalada como caldo de cultivo de los llamados falsos positivos, cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados después por los militares como guerrilleros caídos en combates a cambio de beneficios.
Según un informe de la Fiscalía publicado el año pasado días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron entre el primer y el segundo mandato de Uribe.
