Después del anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Barlett, quien presumió la compra de dos millones de toneladas de carbón como parte de su programa para apoyar a pequeños productores entre 2020 y 2021 sobran evidencias de que el gobierno de México insiste en apostar a la producción energética mediante fuentes sucias basadas en un modelo neoextractivista que nos alejan de una recuperación económica más justa y más verde.
Pareciera que el gobierno de México no identifica bien cual es la evolución que se tiene que tomar de manera energética y esta combatiendo a las energías limpias a toda costa, de manera poco transparente, ética, altamente contaminante y sobre todo incongruente con lo que el medio ambiente requiere.
Con la excusa del apoyo a las comunidades pequeñas y medianas de productores de carbón y el fortalecimiento económico de la actividad en Coahuila, el gobierno mexicano sigue teniendo una visión de la reactivación desactualizada y sin visión de futuro, que además perpetúa fuentes laborales precarias y con impactos a la salud y al medio ambiente altísimos, un ejemplo reciente es Pasta de Conchos, justamente en el estado de Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros cuyos cuerpos aún no han sido rescatados.
La falta de interés en el medio ambiente es algo evidente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en la opinión pública. La decisión es combatir a las empresas dedicadas a la generación de energías limpias para privilegiar a empresas carboníferas de una región específica. Y no pasa nada.
Además de ir en contra de los compromisos del Acuerdo de París, que México suscribió, hay indicios de conflictos de interés y una clara discrecionalidad que sugiere a corrupción. Hay que recordar que México tiene compromisos internacionales y en las leyes nacionales para disminuir sus emisiones de gases efecto invernadero en 22% para el 2030 y particularmente 51% de carbono negro para el mismo año, metas que resultarán imposibles de cumplir de continuar con este modelo altamente contaminante.
La quema de carbón es el factor antropogénico que más contribuye al cambio climático. Casi la mitad de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) son originadas por el uso energético del carbón (IEA, 2019). Igualmente, el uso de carbón es una fuente importante de contaminación para el aire, el agua y el suelo, sobre todo tomando en cuenta la cadena de producción completa, que se basa en procesos extractivos que tienen serias implicaciones a la salud de las comunidades aledañas y de los trabajadores de las minas.
En México, el carbón contribuye solamente con el 10% del total de electricidad generada, sin embargo, representa una cuarta parte de las emisiones de GEI del sistema eléctrico de acuerdo al PRODESEN 2019. Por otro lado, es responsable de una enorme cantidad de emisiones de dióxido de azufre que ponen a nuestro país en el cuarto lugar mundial y con tres de los puntos críticos de emisiones en el mundo: el pozo petrolero Cantarell, la central carbonífera de Petacalco y la termoeléctrica de Tula.
Tenemos que recordarle al gobierno de México y en particular a Manuel Bartlett, que la generación de empleos no debe ser a costa del medio ambiente. El futuro está en crear mecanismos de generación de empleos verdes, existen diversos estudios que resaltan las importancias de trazar rutas de eliminación del carbón en la matriz eléctrica, poniendo énfasis en el apoyo a las comunidades y en la generación de proyectos de valor que les den alternativas seguras de desarrollo.
La reciente pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de proteger los ecosistemas ya que su origen tiene que ver con su acelerada degradación de los mismos producto de una interacción equivocada entre los seres humanos y su medio ambiente. Quemar carbón para alimentar un modelo voraz de consumo de energía es la estrategia equivocada.
Mientras países como España o Costa Rica dan pasos agigantados hacia la descarbonización, en México seguimos atrapados en una política que pretende revivir las glorias mexicanas del petróleo y otros combustibles sucios como el carbón.
Finalmente, el futuro debe ser más justo y más verde y para ello debemos pensar en el bienestar de la población en el mediano y largo plazo, en las generaciones futuras. Esto nos implica repensar nuestra matriz energética y fortalecer un modelo de generación descentralizado que ayude a combatir la pobreza energética en la que se encuentran muchos de nuestros compatriotas, comunidades alejadas y periféricas de los grandes centros urbanos a través de recursos que en nuestro país son abundantes como el sol y el viento. No podemos pensar que la solución a la inequidad y a la pobreza está en la exacerbación de una crisis climática que ya está afectando de manera desproporcionada a las personas más vulnerables de nuestro país.