El pasado martes 21 de julio, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, llevó a cabo su Undécima Reunión Ordinaria, donde el asunto más relevante, por no decir el único asunto, fue la discusión y votación de la iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público promovida por el Coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara baja, el Diputado Mario Delgado.
El proyecto adiciona de un párrafo quinto al artículo 1 de la citada Ley para que en el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, en caso de que en la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la mejor vía para asegurar las mejores condiciones al Estado, las dependencias públicas y con autorización de la Secretaría de Hacienda, por conducto de su Oficialía Mayor, podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales.
La iniciativa plantea la inclusión de una opción más para adquirir bienes o servicios para la salud. Lo que, en un primer análisis, resulta una opción viable que aporta una opción más para conseguir los insumos y servicios que se requieran en materia de salud.
Hecho que está bien y en el fondo es bueno, dadas las circunstancias sanitarias en las que se encuentra México. En un contexto tan adverso en el que las defunciones por el coronavirus continúan incrementando.
Sin embargo, es preciso considerar las implicaciones económicas que representa esta opción; la probabilidad de que se pueda incurrir en actos de corrupción, así como la posibilidad de que el apoyo e impulso a empresas mexicanas pueda disminuir.
Dentro de estas implicaciones económicas, debemos tomar en consideración que son compras consolidadas, es decir, se compra todo el producto de consumo nacional; por ello, las cantidades a comprar son demasiadas, lo que representa mucho dinero, y donde hasta el más puro puedo pecar.
También es cierto, esta iniciativa disminuye el apoyo e impulso a las empresas mexicanas; debemos precisar que en los artículos 8 y 14 de la propia Ley, se prevé la obligación de que participen empresas mexicanas en igualdad de condiciones en los procesos de compras internacionales.
Como podemos ver, y ya lo comentamos, el proyecto es loable más no está exento de ser perfectible. Prueba de ello, se tuvo en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, la cual cabe destacar que tuvo diversos señalamientos.
Destacan dentro de los señalamientos que, presuntamente, no se convocó con el debido tiempo de anticipación, de acuerdo con el reglamento de la Cámara (24 horas antes); que se votó un proyecto sin el consenso de todos los integrantes de la Comisión, haciendo uso de su mayoría Morena, es decir, no se circuló un dictamen o documento de trabajo previamente.
También destaca que el proyecto tenía aspectos que pudieron ser mejorados, presentándose buenas propuestas de modificación a cargo de Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional e incluso el propio partido del Coordinador Delgado.
Algunas de ellas, como el caso del PES, versaban en que este tipo de procedimiento solo aplicara en casos de emergencia sanitaria en territorio nacional (previa declaratoria del Consejo de Salubridad General), como la pandemia; que la Comisión Federal de Competencia fuera la autoridad encargada de aprobar la investigación de mercado; y, la obligación hacer pública, transparente y accesible toda la información del proceso.
Siendo la propuesta de modificación hecha por la Diputada Beatriz Robles de Morena, la única en ser aceptada; destacando que muy probablemente lo hicieron con línea desde las oficinas de la Coordinación, basta ver la transmisión para notar la descoordinación de las y los legisladores del grupo mayoritario cuando se salían momentáneamente del guion.
La iniciativa decidió votarse al momento sin haber en forma un dictamen, bajo el argumento de la necesidad y emergencia provocada por la crisis sanitaria que enfrenta México. El proyecto con modificaciones transitó con diecisiete votos a favor (Morena, PT y PES), dos votos en contra (MC) y una abstención (PRI).
¿Hubo irregularidades? Eso parece; ¿pudo mejorar el proyecto? Definitivamente. Pero ya se tiene un proyecto aprobado y ahora el Presidente tiene una opción más para comprar productos y contratar servicios; ahora corresponde vigilar estos procesos, buscar que se corrijan las deficiencias y esperar que se cumpla con lo que la Ley mandata.
Mario Alberto Zapata Barajas
Abogado, político, esposo, hijo de padres maravillosos, hermano, amigo de todos; aquí encontrarás una voz imparcial y propositiva; mi gusto, una política diferente.
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