En días pasados Jorge Zepeda Patterson esbozó una tesis interesante: El Ejecutivo mexicano ha virado para bien en la conducción del país, ha mostrado competencias para ser un hombre de Estado:
“Andrés Manuel López Obrador ha estado actuando en modo Jefe de Estado no sólo por su desempeño en la visita a Washington, también por la actitud moderada e incluyente en los últimos días…la mera posibilidad de que esa estrategia pudiera extenderse a todos los frentes abiertos cambiaría para bien, la historia de este sexenio.”
La semana pasada durante las giras de trabajo en Guanajuato, Colima y sobre todo Jalisco, observamos discursos más orientados al diálogo, reconocimiento y respeto por las diferencias, para dejar atrás tanto la confrontación por lo que toca a los gobernadores como al propio Presidente, con alcances hacia una reforma del Pacto Fiscal Federal.
La visita a Washington efectivamente es un punto de inflexión en la gestión de la 4T, por los resultados alcanzados y las formas conciliadoras demostradas
. El Estado mexicano necesita ahora para su consolidación mayores recursos económicos y fiscales, que nuestra economía crezca y se despliegue para promover mejores condiciones de vida para todos, propósito que requerirá habilidades y competencias demostradas en la negociación y en la búsqueda de consensos por el Presidente AMLO.
Justo ahora, cuando el espacio fiscal disponible es estrecho.
El Dr. Fausto Hernández Trillo (CIDE) ha desarrollado una categoría social al respecto en el trabajo ¿Había espacio fiscal para enfrentar la pandemia en México?
“ (…) como se sabe, el concepto de sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad de un país a lo largo del tiempo para enfrentar sus obligaciones crediticias sujeto a las restricciones de gasto”
Más adelante, Hernández Trillo apunta:
“Los resultados sugieren que si bien no existe sostenibilidad fiscal en México, haber introducido el plan de reactivación económica sugerido por varios con un costo de deuda adicional de 3% del PIB, hubiera significado tener que incrementar el superávit primario en tan sólo 0.3% con respecto al que hoy haría sostenible la política fiscal”
Luego entonces habrá que analizar la pertinencia de acudir a los flujos de capital en los mercados de financiamiento que ofrecen los organismos financieros internacionales, bancos y otras instancias para fondear recursos dirigidos a los micro empresarios y las familias de ingresos de clase media cuyos empleos y fuentes de ingresos hayan sido o están siendo impactadas, mediante los cuáles puedan sortear los graves efectos económicos surgidos tras la pandemia.
Durante esta semana, el Congreso federal habrá de sesionar; en la agenda legislativa se asoman diversos ordenamientos jurídicos relacionados con la economía como modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Constitución de un Consejo Asesor Fiscal.
Respecto al primer tema debe mantenerse el espíritu político de la reunión en Washington en el sentido de ser más empático con la crítica, escuchar más, explorar el parlamento abierto: las facultades para modificar el presupuesto en todas las constituciones del mundo son del Poder Legislativo, no del Ejecutivo.
Si por la pandemia es urgente modificar el presupuesto aprobado, que se reúna de inmediato el Congreso, pero no dotar de mayores facultades al Ejecutivo, para evitar se rompa el equilibrio democrático de poderes, ahora y en adelante, dadas las consecuencias de la recesión económica y el que la crisis pandémica no tiene plazo terminal.
Sobre el segundo tema, consideramos que el Congreso comete un error histórico; si bien es cierto que los legisladores federales necesitan de apuntalamientos técnicos y científicos para mejor proveer legislación como producto terminal, el tema económico es sustancialmente hechura del Ejecutivo a través de la SHCP.
Hemos propuesto constituir un Consejo Social y Económico de la República para apoyar a los tres Poderes de la Unión y especialmente al Poder Ejecutivo.
Se ha discutido poco sobre las consecuencias económicas y presupuestales de los fallos emanados del poder judicial; es común escuchar decir a los juzgadores que pague el gobierno es un tema de legalidad, cuando en la realidad no se cuenta con los recursos presupuestales suficientes para pagar esas determinaciones: es necesario que en el poder judicial se conozcan los alcances y límites del presupuesto de egresos.
La reunión del Presidente AMLO en Washington y las decisiones presidenciales de estas semanas, serán clave para evitar la progresiva fuga de capitales, dada la tornadiza política económica que no ha otorgado certidumbre a las inversiones.
La confianza empresarial y privada nacional e internacional puede alentarse enaltecidas las figuras de Lincoln y Juárez en la visita a Washington, pero se afianzará con certezas de política interna que pueda ofrecer el Presidente sobre su voluntad política de no reelección y garantías jurídicas/patrimoniales y fiscales a la inversión desde la política económica de la 4T.
La gravedad del momento económico/financiero/sanitario y las expectativas negativas de violencia y desempleo generalizados para los próximos años, a lo que hay que sumar el costo en menos soberanía social ante la necesidad de compromiso de pago de la deuda externa de México, obliga a rediseñar nuestras instituciones sociales, nuestras fortalezas bio psico médicas y productivas así como la capacidad de gestión pública del Estado ante las prioridades sociales nacionales.
Finalmente, dada la entrada en vigor del TMEC, hay una serie de adecuaciones necesarias a nuestro marco legal y laboral que el Congreso mexicano habrá de impulsar: más allá de posiciones ideológicas propias, el Tratado mandata transformaciones.
Es tiempo de dialogar, deliberar, concertar y construir futuro común.
PEDRO ISNARDO DE LA CRUZ Y JUAN CARLOS REYES
Pedro Isnardo De la Cruz Lugardo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor universitario de la UNAM. Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y profesor de Teoría del Estado.
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