- La iniciativa propuesta y presentada por Morena, vulnera la certeza jurídica y pone en riesgo las propiedades particulares de los capitalinos
El mercado inmobiliario en la Ciudad de México enfrenta un complejo panorama, a consecuencia de la aparición de la crisis sanitaria, provocada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), y que llevó a muchos inquilinos a solicitar la postergación o la condonación en el pago de sus rentas.
Ello representa por sí mismo un duro golpe para el sector inmobiliario formal, que ahora se agudiza con la iniciativa de reforma en materia de arrendamiento de vivienda, propuesta por las diputadas Valentina Batres Guadarrama y Martha Ávila Ventura, del grupo parlamentario del partido Morena en el Congreso de la capital de la República.
La iniciativa presentada contempla cambios y adhesiones al Código Civil, como que en contextos excepcionales y de emergencia, como es en la actual pandemia, los inquilinos puedan solicitarles a los propietarios de los inmuebles, un arreglo o negociación para ajustar los términos del contrato, mismos que dependerán de la voluntad mutua.
Lo propuesto por las diputadas de Morena en el Congreso de la CDMX, además de vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario. Además, frena la competitividad de la capital de la República y encarece los precios de los arrendamientos, derivado en una poca oferta de inmuebles para arrendar.
Medidas como el arrendamiento obligatorio por un mínimo de tres años, la imposibilidad de exigir el pago de rentas cuando no sea posible exhibir físicamente el contrato y la prohibición de exigir como garantía cualquier título de propiedad, inhiben y desalientan la inversión en un sector clave para el crecimiento y desarrollo.
La iniciativa también provocaría mayor informalidad, además de que empujará la migración a zonas de alto riesgo, en la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, la consulta ciudadana propuesta por el Congreso capitalino, con respecto a la Ley, es ilegal, ya que de ninguna manera se pueden poner a consulta derechos garantizados por la Constitución a todos los mexicanos.
En el Sector Empresarial estamos convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la vivienda de los capitalinos, a través de instrumentos y mecanismos en la Ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad, para que sean los particulares dueños de inmuebles, quienes garanticen este derecho.
En dicho contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lanza un atento llamado al Congreso de la Ciudad de México, para llevar una discusión más amplia sobre las propuestas de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento, ya que ponen en peligro el Derecho a la Propiedad en la capital del país.
