Desde la etapa de la Ilustración en Europa los pensadores como John Locke, Juan Jacobo Rousseau, entre otros, quienes vivieron en carne propia la Monarquía. El primero en Reino Unido, y el segundo la Monarquía absoluta en Francia, ambos coincidían en señalar en sus obras académicas, que el poder no lo podía detentar una sola persona, es decir, el Rey tenía la facultad de expedir leyes, impartir justicia y administrar al gobierno, por ello se necesitaba frenar esos abusos en contra de los gobernantes. En pocas palabras que “el Poder detenga al poder” propusieron entonces dividirlo en Poder Ejecutivo (Rey) el Legislativo (asamblea popular) y el Judicial (tribunales) modelo de gobierno que la Revolución Norteamericana adoptaría en 1776 y posteriormente la Revolución francesa en 1789. Si bien es cierto a la fecha los ingleses conservan su monarquía la misma está acotada al Parlamento (asamblea legislativa).
Nuestro país, desde su Congreso Constituyente de 1824 se plasma en la Constitución la forma de gobierno república, democrática y federal, apegada a la División de Poderes antes mencionada, representada en el Presidente de la República, Congreso de la Unión y Suprema Corte Justicia de la Nación, estructura que se conserva hasta hoy en día, excepto en los periodos del Supremo Poder Conservador del presidente Antonio López de Santa Ana y el imperio de Maximiliano de Habsburgo.
Sin bien la primera constitución social, del mundo, que es la mexicana de 1917, presentó importantes avances en materia de defensa de las garantías individuales, estructura administrativa y estabilidad financiera, la misma se mantuvo hasta 1976 en el llamado “milagro mexicano”, pero desde 1968 daba avisos de transformación.
Fue durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que se retomó lo que en algunos países europeos ya tenían implementados en sus Normas Supremas, los llamados “organismos constitucionalmente autónomos”, que los podemos definir como aquellos, que no dependen de ninguno de los poderes del Estado ( Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Así surgen en una primera etapa en la década de los 90’s del siglo pasado, los primero tres organismos autónomos, Banco de México (BdeM), el Instituto Federal Electoral (antecesor del INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El BdeM surge como una respuesta para generar confianza a los inversionistas extranjeros y en la visión del entonces Presidente Salinas de construir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que dio inicio en 1994, el cual ha sido renovado como el T MEC y entró en vigor el 1 de julio de este año en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El IFE, nace como una respuesta a la cuestionada elección con la que Carlos Salinas quien se alza en 1988 como Presidente de México, frente a Cuauhtémoc Cárdenas, quien argumentaba un fraude electoral cometido por parte de la Comisión Federal Electoral Presidida entonces, por el Secretario de Gobernación, Manuel Barttlet Díaz. El hoy INE es una institución que ha venido evolucionado hasta hacerlo una entidad ciudadana, con atribuciones muy amplias, incluso de organización de elecciones en las 32 entidades federativas.
Asimismo, la CNDH es impulsada dentro de la corriente internacional del Ombudsman en el mundo, y del reiterado abuso de las fuerzas armadas y policía del país que se vivía en México. Este organismo de gobierno que ha permeado en el ámbito estatal y municipal, donde prácticamente en los 2464 municipios del país tiene representación. Hoy nuestro país, tiene una política que protege los derechos humanos y las garantías individuales.
Estos primeros organismos se replicaron a nivel estatal y surgieron los Institutos Electorales de los Estados y las Comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades, bajo un modelo autonomía de gobierno, administración y de decisión.
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