La Secretaría de la Función Pública ordenó investigar los casos de corrupción, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, solicitó “iniciar de inmediato todas las investigaciones por hechos e irregularidades” realizadas entre julio de 2013 y julio de 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Lo cual, se dio a conocer a través de una circular con fecha del 9 de julio, dirigida a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras de la Función Pública.
En ese sentido, Sandoval Ballesteros recordó que el 8 de julio la Segunda Sala en Materia Administrativa Laboral de la Suprema Corte, resolvió la contradicción de tesis 103/2020, que en su momento interpuso.
Refirió a dicha tesis de jurisprudencia, “se determina que las investigaciones por presuntas faltas administrativas ocurridas antes del 19 de julio de 2017, y en los respectivos procedimientos disciplinarios, deben aplicarse las reglas procesales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas” (LGRP).
Manifestó también que, la SCJN determinó “devolver la atribución para sancionar irregularidades administrativas graves, a la autoridad que era competente para resolver el procedimiento disciplinario al momento de los hechos”, que es la Secretaría de la Función Pública.
Se indicó que de acuerdo al oficio CIRCULAR FP/100/007/2020, se ordena también que, de encontrarse faltas graves cometidas, los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán enviarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en el momento procesal oportuno, para la continuación de su substanciación y la emisión de la resolución correspondiente.
La funcionaria manifestó que “las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad administrativa, deben sustanciarse de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Es de mencionar que hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), sí tiene atribuciones para sancionar irregularidades administrativas graves, por lo que de inmediato inició este proceso de investigación.
