- Niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores los más afectados.
- Ante la nueva normalidad se deben cambiar las estrategias de servicios de protección y atacar la posibilidad de explotación sexual o infantil.
Toluca, Estado de México.- Los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes que más se vulneran durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 son los de la salud, educación, alimentación, al cuidado y la protección contra la negligencia, el abuso, la explotación y la violencia, informó la subdirectora de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Juana Inés Jiménez Perdomo.
La especialista destacó que aún persiste la percepción de que las hijas y los hijos son “propiedad de la familia”, por ello hay silencio social cuando se registran casos de abuso sexual, violencia familiar o matrimonios infantiles, cuando la actualidad demanda una participación activa para el reconocimiento y respeto de sus derechos a fin de que concreten su proyecto de vida y logren un desarrollo de acuerdo con el interés superior de la niñez.
En entrevista virtual, Jiménez Perdomo señaló que durante la emergencia sanitaria es importante considerar lo establecido en tratados internacionales, como el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, sociedad y el Estado”; amén de la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde 1990, que establece sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Respecto a los riesgos en situaciones como la que se vive, están el maltrato físico y emocional por el cierre de escuelas y estancias, ya que no hay supervisión por parte del Estado y puede darse un trato negligente y llegar a las lesiones; la violencia de género es latente y ante la nueva normalidad se deben cambiar las estrategias de servicios de protección y atacar la posibilidad de explotación sexual o infantil con fines comerciales y de matrimonio.
Otros riesgos son el estrés psicosocial y trastornos mentales como la angustia de niños, niñas y adolescentes, así como el agravamiento de problemas preexistentes; el trabajo infantil; la separación familiar que dejará niños no acompañados o separados; y la exclusión social y estigmatización de personas o familias contagiadas con el virus.
Enfatizó que para garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean efectivos y ejercidos, es esencial lograr una estrecha coordinación y colaboración entre todos los sectores de la sociedad, para incrementar los esfuerzos y responder de forma efectiva a la contingencia sanitaria; ya que los derechos humanos deben ser el fin primario de la acción del Estado y sus instituciones.
Por último, dijo que un programa de trabajo al respecto debe incluir los derechos generales y específicos de las niñas y los niños, así como la obligación del Estado; basarse en los principios generales de aplicación como es la progresividad, prohibición de regresión y el máximo uso de recursos disponibles; así como los principios transversales de participación, igualdad y no discriminación, género, coordinación interinstitucional y cultura de los derechos humanos.
