Para el presidente López Obrador y su gobierno la política social consiste, no hay más, en la implementación de programas clientelares con una clara intención electoral.
En los primeros meses de su gobierno, en el marco de esa estrategia, suspende programas sociales institucionales, algunos considerados como ejemplos a nivel mundial, para sustituirlos por la entrega de dinero a los beneficiarios sin ninguna acción corresponsable de parte de éstos.
Los programas institucionales, ejecutados por el Estado, no por una persona o un gobierno en lo particular, desde la óptica del presidente no tienen ninguna rentabilidad electoral. Esa es la lógica y el fundamento de su política social. Si los programas no abonan a ese propósito hay que eliminarlos.
La meta es que para 2021, antes de la elección, de los 34 millones de hogares que tiene el país a 25 millones llegue alguno de los programas sociales que impulsa el gobierno. Así al 70 % de las familias recibiría uno o más de los recursos que entrega el gobierno a mover del presidente.
Estos programas, sin que se conozcan los padrones de usuarios, que permanecen en secreto, se manejan directamente desde presidencia y están a cargo de Daniel García Hernández, un funcionario muy discreto que opera en el mayor de los silencios.
Para eso cuenta con una estructura silenciosa que incluye a 32 superdelegados, uno en cada estado, y 266 subdelegados que corresponden a los 300 distritos electorales en los que está dividido el país.
Ese esfuerzo, con fondos públicos, se propone construir la base social y electoral de MORENA. El supuesto es que, si las personas reciben una dádiva a nombre del presidente, éstos en las elecciones votarán por quien éste les diga. Habrá que ver.
Antes de la pandemia entre los especialistas había consenso que con estos programas se podía seguir reduciendo la pobreza extrema, pero no los niveles de pobreza que incluso podrían crecer.
Después de la pandemia es muy claro, en eso coinciden organismos internacionales y nacionales, que el número de los pobres aumentará entre 10 y 12 millones a los que ya existen. La mitad en pobreza extrema y la otra en pobreza.
Tal como están diseñados los programas sociales del presidente López Obrador no contribuyen a resolver los problemas estructurales de la pobreza. No son de desarrollo sino de asistencia social con propósito electoral.
La nueva política social se propone desmantelar las políticas de Estado y sustituirlas por estructuras clientelares que obedecen al proyecto político personal del presidente López Obrador.
Los actuales funcionarios públicos que conocen del tema no están de acuerdo con esta política y saben de sus efectos sobre los niveles de pobreza, pero no se atreven a denunciarlo. La realidad terminará por imponerse.
Twitter: @RubenAguilar
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