En la sentencia National Federation of Independent Business v. Sebelius, 567 U.S. 519 (2012), la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió la constitucionalidad de la Ley de Cuidados Asequibles a la salud (“Afordable Care Act (ACA)”, conocida como Obamacare). En su decisión, el máximo tribunal consideró expresamente constitucional el mandato legal a contratar seguros médicos contemplado en la ley, vinculándolo con el poder constitucional de crear impuestos que tiene el Congreso.
La aprobación de Obamacare fue producto de una lucha política que no escapó de la polarización, no obstante haber sido un producto legislativo basado en una idea originada en el consenso bipartidista, con una propuesta de inspiración republicana del entonces gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y pensada en muchos de sus elementos por el también por el “think-tank” conservador Heritage Foundation. En otras palabras, la ACA es una legislación nacida en el consenso bipartidista e inspirada en el modelo de salud del estado de Massachusetts. Con sus ajustes y alcances, el presidente Obama la concibió y logró su aprobación por el Congrso como parte del cumplimento de una de sus promesas básicas de campaña, expandir la cobertura de salud asequible a millones de estadounidenses, incluyendo a quienes estaban excluidos de cobertura por las empresas aseguradoras, por tener condiciones médicas preexistentes.
Desde su primer día de vigencia, Mitch McConnell y luego Donald Trump han hecho una feroz campaña para derogarla, incluyendo esa batalla judicial que llegó a la Corte Suprema, así como diversas escaramuzas legales presentadas por los fiscales fenerales y gobernadores de estado de afiliación republicana. La administración Trump ha implementado una serie de medidas para socavar, y eventualmente colapsar, al sistema creado por esta ley, que ha incrementado la cobertura médica en más de 20 millones de personas (de ellos, aproximadamente 6 millones de latinos); y gracias a su vigencia (conjuntamente con otras disposiciones legales), más de 150 millones de ciudadanos con condiciones preexistentes tienen cobertura médica.
En resumen, la ACA ha otorgado acceso al sistema de salud a un 92% de la población, lo más que pudo alcanzarse sin adoptar un sistema de salud universal. El apoyo a esta legislación pasó de polarizante y controversial a muy popular; y las encuestas señalan que cerca de un 60% de los estadounidenses apoya la ley. A pesar de todo esto, la posición de Trump y los republicanos sigue siendo atacar y derogar el ACA, incluso en medio de la crisis del coronavirus, cuando las previsiones de la ley han sido fundamentales para favorecer la atención médica a miles de familias afectadas por la pandemia, particularmente la población afroamericana y latina. En una nueva y absurda ofensiva, el gobierno de Trump está insistiendo ante la Corte Suprema de Justicia para que esta vuelva a revisar la constitucionalidad de Obamacare, apostando quiza a que, con los recientes nombramientos de magistrados, puede cambiar las cosas, no en beneficio de las mayorías americanas sino de las grandes corporaciones farmacéuticas y aseguradoras, que persisten en su oposición al sistema del ACA sin ofrecer, igual que Trump, ninguna alternativa. Un desmedro de esta conquista jurídica supondría quitarles a millones de ciudadanos su derecho a la salud.
En lugar de continuar esta interesada (por retorcida) oposición al ACA, lo que correspondría hacer es mejorarla, expandirla, fortalecerla. Dos piezas fundamentales de esa deseable reforma serían, primero, -algo que quedó pendiente a pesar de los esfuerzos de la administración Obama-Biden en su momento-, agregar una opción pública para que las personas puedan escoger entre un seguro privado (o el que tienen actualmente) y una opción pública (ofrecida por instituciones sin fines de lucro), que compita con los seguros privados. Con esta ampliación, se masificaría aún más la cobertura médica y, por esa vía, se introduciría un nuevo elemento de competencia que abarataría más el costo de las primas de las pólizas de seguro. En segundo lugar, hay mucho que hacer todavía para reducir el costo de los medicamentos de prescripción; por ejemplo, admitir el uso de medicamentos genéricos, ya que el costo de los fármacos es uno de los elementos que más impacta en el actual sistema al ciudadano común que goza de cobertura.
El derecho a la salud es un derecho humano. Nunca se insistirá demasiado en esto. Todos los países con nivel de desarrollo económico comparable a los EEUU han alcanzado cobertura universal por distintas vías. Esto no puede ser un asunto sujeto a los vaivenes políticos, que se utilice con las banderas del dogmatismo de derecha e izquierda. Es inmoral, digámoslo de una vez, que un gobierno se alinee con los grandes intereses económicos a costa de sacrificar la salud de los ciudadanos. Y eso es lo que pretende hacer Trump y lo que hará, si la sociedad consciente de sus derechos no lo detiene.
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