Se acrecientan las manifestaciones públicas que cuestionan el desempeño del presidente de la república no sólo por los escasos resultados de las políticas públicas emprendidas a la fecha sino, de manera creciente, cuestionan ya la falta de acción del ejecutivo y su gabinete respecto de los compromisos asumidos en campaña; erradicar del país la corrupción, la inseguridad, la impunidad y la desigualdad que agravian a los mexicanos, y que al momento de la elección del 2018 representaban profundas heridas sociales que motivaron el voto mayoritario incuestionable con el que arriba al poder Andrés Manuel López Obrador.
Cada día es más evidente que este compromiso del presidente y que constituyó su oferta electoral a los mexicanos, se ha venido diluyendo en las prioridades de la denominada cuarta transformación. La actividad gubernamental y legislativa del presidente y sus aliados se ha centrado en la construcción de un poder meta constitucional del ejecutivo federal como un paso previo a la definición de un Estado autoritario que la narrativa gubernamental denomina “Estado del bienestar”. Sin embargo, existe una frontera para la consolidación de este afán presidencial y se encuentra en las elecciones intermedias del 2021 donde tendría que refrendar el control de MORENA sobre la cámara de diputados en las 15 gubernaturas en disputa y el control de 30 congresos locales y los ayuntamientos y alcaldías de 30 entidades, de esta magnitud es la batalla electoral en ciernes.
Las elecciones intermedias se constituyen así en el parteaguas de un proyecto político que olvidó los compromisos asumidos y hoy empieza a enfrentar el cuestionamiento de grupos sociales crecientes a su gestión y a sus prioridades reales, adicionalmente diversos hechos y realidades políticas confluirán en este proceso e incidirán en su resultado. Al inicio de la administración y no obstante las polémicas decisiones económicas tomadas por el presidente, las elecciones intermedias se veían como un proceso de mero trámite para la ratificación de las preferencias electorales por MORENA, sin embargo el menosprecio del presidente por los reclamos de sectores sociales y el inicio de la caída del crecimiento económico a la par del incremento del desempleo, comenzaron a dibujar un escenario de incertidumbre respecto del rumbo al que se estaba encaminando al país. Lo bisoño del gabinete presidencial y su mediocre desempeño contribuyen en gran medida al creciente escepticismo social, no obstante, el estado catatónico en el que se hundieron los partidos políticos de oposición por el rechazo significativo sufrido en la elección del 2018 pareciera haber librado a MORENA de un peligro electoral a pesar de la baja en sus preferencias electorales. De acuerdo con algunas encuestas, la intención de voto para MORENA se ubicaba en un 18% del electorado con matices atribuibles a las realidades regionales.
La aparición de la pandemia del coronavirus (COVID-19), sus costos mortales en la sociedad mexicana y el efecto devastador que ha significado para la economía, adicional a la torpe y deshonesta conducción del gobierno ante la crisis, transformó el escenario en el que habrá de realizarse el referéndum electoral que significa la elección intermedia. Las condiciones de riesgo sanitario que significa la presencia del coronavirus en el territorio nacional y que se afirma habrán de extenderse durante varios meses hasta alcanzar el inicio y desarrollo de las campañas obliga a los partidos a rediseñar su operación política en tierra e idear nuevas formas de comunicación a distancia que resulten eficaces para establecer un contacto dinámico con sus electores. La polarización social construida desde el discurso gubernamental corre el riesgo de adquirir tintes violentos ante el calor de la campaña, atizado por la versión que sostienen los afiliados a MORENA de la existencia de afanes golpistas contra la administración, misma que el propio presidente ha difundido y que ha llevado a las facciones más radicales del partido al plantearse la organización de “comités de defensa” de la cuarta transformación, los que obligadamente tendrían un papel movilizador en el activismo electoral. Lamentablemente, dichas estructuras no oficiales de MORENA presentan un ánimo belicoso y un discurso violento que lastimarán la civilidad que se había alcanzado en los procesos electorales en el país como ya lo han demostrado en su participación en Guadalajara, donde evidenciaron su capacidad de agitación y violencia en un ejemplo nítido de la dinámica característica de los sectores radicales de la cuarta transformación.
Un elemento adicional que estará presente en esta lucha electoral es la descomposición interna que ha venido sufriendo MORENA, quien no alcanza a constituirse institucionalmente como un partido político y que a la fecha ha sido incapaz de elegir a sus órganos directivos, no sólo a nivel nacional sino particularmente en el nivel estatal y municipal donde la experiencia de la realidad comunal determinará en mucho los posibles resultados de la elección. Es previsible que el conflicto de intereses de los grupos internos de MORENA se fracture significativamente con la elección de sus candidatos a los distintos puestos de elección afectando sensiblemente su capacidad de convocatoria electoral.
Finalmente, el malestar y reclamo social que habrá de ahondarse, dados los efectos crecientes del desplome de la economía y la consecuente depauperación de sectores amplios de las clases medias y de los sectores que ya se encuentran en marginación extrema, tendrá su mayor expresión durante el tiempo electoral, complicando sensiblemente la oferta electoral de los candidatos de MORENA. Hasta ahora, la falta de imaginación política de la oposición para construir una narrativa electoral que los habilite como alternativa creíble ante el electorado constituye irónicamente el mayor apoyo para los intereses del gobierno y su partido en esta verdadera disputa por la nación.
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