El fantasma del desempleo asoma su aterradora presencia en nuestro país. El lunes pasado, el Inegi anunció que 12 millones de personas podrían estar suspendidas de sus actividades laborales, sin ingresos y desafortunadamente sin garantía de retorno. A lo largo del mes de abril, muchos trabajadores se encontraron temporalmente suspendidos debido a la cuarentena. El paro de actividades junto con la quiebra de muchos negocios, ha traído consigo un incremento en el nivel de desempleo y desocupación.
La población subocupada, que son aquellas personas que aun teniendo un empleo están en busca de otro adicional con el fin de completar sus necesidades económicas o de tiempo, pasó de 5 a 11 millones de trabajadores en relación con el mes previo. En este escenario, el gobierno de la República priorizó las transferencias directas a adultos mayores, discapacitados y otros sectores desfavorecidos, y destinó muy pocos recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es evidente que la crisis será profunda y afectará a millones de personas. Para salir de ella, dos factores serán fundamentales: primero que nada, la reactivación de la actividad de las empresas, pero también, los programas sociales que hoy serán una red de salvamento para muchas personas. Sobre esto último tengo algunas dudas.
Se ha vuelto una preocupación continua escuchar que los programas del presidente López Obrador tienen un fin clientelar. Mucho se ha hablado de que esos recursos están enfocados a segmentos específicos en los que se apuesta a tener un apoyo electoral para el 2021. También se ha criticado que los “servidores de la nación”, son una estructura gubernamental que busca hacer un complemento en tierra a lo que está impulsando Morena desde el espacio público.
Mucho se ha señalado que los programas del gobierno no cuentan con un padrón transparente de beneficiarios y que tampoco tienen reglas de operación. Por eso la pregunta es fundamental: ¿Qué pasaría si todas esas deficiencias técnicas se traducen en que el dinero no llegue al beneficiario final? ¿Qué pasaría si el dinero se queda en los intermediarios y en los operadores políticos, que se aprovechen de la incapacidad de monitoreo por parte del propio gobierno? Ya ha habido ocasiones como en el propio municipio de Macuspana en donde el presidente pregunta por los apoyos que “está enviando” y el público niega rotundamente que estén llegando. ¿Será que el presidente propone, pero son realmente sus operadores los que disponen?
Mexicanos contra la corrupción publicó sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la existencia de diversas irregularidades como un padrón que crece de manera anormal, empresas beneficiarias que no han sido localizadas, subejercicio del gasto, diputados morenistas registrados como centros de trabajo, así como datos incompletos o poco transparentes. La organización detalló que de 5,439 centros de trabajo estudiados, en 4,676 no había información, eran inexistentes o no fueron localizados.
La centralización del proceso, las prisas por implementar los programas y la falta de rigor técnico en la definición de beneficiarios, pueden ser causantes de un sin fin de distorsiones electorales. Pero lo peor es que en estos momentos de crisis profunda, pueden ser la causa de que millones de mexicanos sufran hambre y penumbra. Ojalá me equivoque.
La transparencia es un pilar de la #SociedadHorizontal que anhelamos, no solo para garantizar la equidad democrática, sino también para que los que menos tienen no sean “agandallados” por los vicios de siempre.
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