En el verano de 2009, la vida de Rose Kalemba, de 14 años, se hundió hasta el sótano de una casa abandonada en Ohio, Estados Unidos.
Mientras caminaba por su vecindario para despejar su mente antes de dormir, un hombre armado con un cuchillo salió detrás de un árbol y la obligó a subir a un auto. Otro hombre, de apenas unos 19 años, le empujaba la cabeza entre las piernas, mientras el tercero, el conductor, los llevaba hasta una vieja casona del otro lado de la ciudad.
Rose pasó unas 12 horas en esa casa, donde fue violada repetidamente, golpeada e incluso apuñalada en las piernas. A ratos, perdía la consciencia y, en otros, sus sentidos absorbían todo el daño que le causaban esos dos hombres, mientras el tercero graba las violaciones con una cámara de video.
Cuando el abuso llevaba más de medio día, Rose supo que sus atacantes no se detendrían. Tenía que hacer algo por sí misma o moriría ahí mismo. Jadeante, la niña de 14 años suplicó por su vida y prometió nunca revelar sus identidades, si la dejaban volver a casa. Sus ruegos movieron algo en las entrañas de los tres atacantes, quienes le confesaron que sus víctimas se contaban por decenas. A la hora siguiente Rose fue abandonada, apenas viva, a lado de una carretera cerca de su casa.
Con el cuerpo estrujado, Rose pudo volver a casa y ser atendida por un médico que le dio a entender que la violación tumultuaria le había sucedido por su culpa, por caminar de noche. Al día siguiente, intentó suicidarse.
Y eso no es, ni siquiera, lo más dramático del caso Rose Kalemba.
Meses después, metida de lleno en terapia para sanar sus heridas emocionales, a Rose le llegó hasta su teléfono un enlace que se compartía incesantemente entre sus compañeros de la escuela. Cuando dio clic, se abrió una página pornográfica con videos cuyos títulos oscilaban entre “Adolescente llora y es golpeada sin piedad” y “Niña desmayada”. El más “popular” tenía más de 40 mil visitas en solo unas horas.
Era ella. Rose se estaba viendo a sí misma a través de la pantalla, inconsciente, desmayada de dolor, mientras dos hombres se reían de cómo lastimaban su cuerpo.
La niña de 14 años no lo contó a alguien. Soportó las miradas morbosas de sus compañeros de clase, incluso el silencio condescendiente de sus maestros. Y cuando nadie le tendió una mano, supo que, de nuevo, tendría que hacer algo por sí misma. Así que envió un email a ese sitio de pornografía para alertarles que la grabación era una violación real y que la víctima era ella, menor de edad.
Nada sucedió. Lo hizo de vuelta por un mes, dos, tres y seis. Nada. Tras medio año de intentos fallidos, Rose se hizo pasar por un abogado y solo hasta que amenazó con una demanda millonaria, los dueños del sitio eliminaron a regañadientes el video, que por su enorme cantidad de visitas atrajo mucha publicidad para la empresa.
La dolorosa experiencia de Rose la convirtió en una activista contra la pornografía infantil y contra los sitios para adultos que miran hacia otro lado cuando imágenes de menores llegan hasta sus servidores. A lo largo de casi una década, su voz se ha unido a numerosas campañas para poner fin a este flagelo, apelando a la responsabilidad de los usuarios de internet y duras sanciones para los pederastas.
Hoy, su voz merece ser escuchada con más atención en plena pandemia: Rose Kalemba, y cientos de activistas en todo el mundo, alertamos con mucha preocupación que hay un alza histórica en el consumo de pornografía infantil durante el confinamiento por el nuevo coronavirus.
Se trata de una tormenta perfecta contra los niños del mundo: los adultos tienen más tiempo libre en la cuarentena, los menores pasan más horas en internet y la policía está distraída peleando contra el virus y los que rompen el aislamiento social. Celia Carrión, inspectora en la Unidad Central de Ciberdelincuencia en España, dijo al medio británico BBC, que durante esta temporada pasa más horas que nunca rastreando a usuarios de internet que buscan niñas y niños para pedirles “packs”, es decir, fotos y videos donde salgan desnudos o en actos eróticos, y luego publicarlos en sitios de pornografía e intercambiarlos por más “packs”.
“Ese es uno de los temas más recurrentes desde que comenzó el confinamiento en España: cómo (los pedófilos) pueden sacar beneficios de esta situación”, contó Celia Carrión a la BBC. Según sus cálculos, la búsqueda y descargas de pornografía infantil creció 25% en España desde el confinamiento.
Lo mismo alertan en la Policía de Telecomunicaciones en Italia, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad Pública en Canadá, organizaciones desde Brasil hasta Suecia y sitios como FightTheNewDrug.org.
Uno de los casos más dramáticos han sucedido en la India, donde el Fondo para la Protección de la Niñez halló un aumento de 95% en búsquedas en internet de “Porno infantil” y “Sexo con adolescentes” desde que comenzó la cuarentena en el país asiático. Los videos más vistos incluyen a niños torturados, asfixiados o drogados para su fácil sometimiento, alojados en célebres sitios web que ganan dinero con el tráfico que generan sus servidores.
En México, el aumento es peor que en la India: cerca de un 117%, solo en marzo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra coincide con lo que el Senado de la República confirmó en 2017: aún tenemos el deshonroso primer lugar global de pornografía infantil que nos confirió la ONU.
Los niños de nuestro país son especialmente vulnerables a esas redes de trata de personas dada las condiciones de pobreza y desigualdad que nos afectan, y que se agravarán con la necesidad de las familias mexicanas de trabajar doble o triple turno, dejando a los niños solos en casa, para paliar los efectos de la crisis económica global que ya nos afecta.
Sin embargo, lo que sí nos hace diferentes a muchos otros países es que contamos con una de las leyes más duras en el mundo contra los pedófilos y pederastas, y al mismo tiempo una de las más comprensivas con las víctimas, reconocida incluso por El Vaticano.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, hecha una realidad en 2012, es el mejor escudo que tenemos contra este mal que también llegó con el COVID19.
En el artículo 10, por ejemplo, se enlistan las 11 modalidades de la trata de personas y una de ellas es cualquier forma de explotación sexual.
En el artículo 16 ese concepto se detalla: se impondrá una pena de hasta 30 años de prisión, y hasta 60 mil días de multa, a quien “procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos”.
La redacción de la ley es tan amplia que cubre cada rendija por donde se quiera escapar alguien que ha sido sorprendido en estos actos atroces. Y para cerrar con doble vuelta el cerrojo de sus celdas, un párrafo más abajo, en el mismo artículo 16, se establece que la pena aumentará hasta en una mitad si para lograr sus fines, el responsable hiciera uso de la fuerza física o psicológica, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, adicciones o la concesión de regalos o pagos para obtener el consentimiento de un menor de edad. Es decir, hasta 45 años de cárcel y 90 mil días de multa… más lo que se acumule.
Con esta ley ya hemos obtenido resultados. Uno de los más recientes se concretó en septiembre de 2019, tras una investigación que arrancó el verano del año pasado en Estados Unidos, donde los servidores de un gigante de las búsquedas en internet detectaron a un usuario que producía pornografía infantil en el Estado de México.
Gracias a la coordinación de la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Interna de la Embajada de los Estados Unidos en México y la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en el Estado de México, peritos en telecomunicaciones dieron con Marco Antonio G., quien tenía una enfermiza compilación de imágenes y videos con actos sexuales y exhibicionismo con su vecina de 11 años en el municipio de Coacalco.
Gracias a la ley general antitrata en México, un juez de Control confirmó que a Marco Antonio G. se le vinculara a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de dieciocho años, en su hipótesis de producción de material pornográfico, con la agravante de tener una posición de confianza respecto a la víctima.
Lo que siguió fue otra victoria para la sociedad a través de la actual ley: el presunto tratante también fue vinculado a proceso por el mismo delito, pero ahora en la hipótesis de almacenamiento, ya que en el artículo 16 se establece la misma sanción de hasta 30 años para quien almacene pornografía infantil. Es decir, basta con que alguien la descargue y la guarde para recibir el mismo castigo de quien la produce.
Mientras los científicos de todo el mundo están buscando la vacuna contra el COVID19, miles de abogados y defensores de derechos humanos podemos usar esta ley para vacunar a nuestra niñez contra los efectos inesperados del nuevo coronavirus, como el aumento en la pornografía infantil.
Como lo han dicho miles de sobrevivientes, incluida Rose Kalemba, se trata de un camino de dos vías: por un lado, acabar con la impunidad para este delito y, por otro, conversar en casa sobre los nocivos efectos de la pornografía, que en estos tiempos de pandemia se ha vuelto más violenta, y usa más menores de edad que nunca, para lograr ganancias históricas en la cuarentena.
Si acabamos con la violencia en la red, podemos acabar con la violencia en la casa y en la calle. A niñas y niños como Rose les debemos, al menos, ese esfuerzo.
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