- Reconversión laboral, el mayor reto a corto plazo para los gobiernos de América Latina y el mundo, consideran expertos de la Red Internacional de Estudios Constitucionales.
- Llama la RIEC a las autoridades competentes a implementar políticas públicas eficaces para proteger las fuentes de trabajo.
Toluca, Estado de México.- Uno de los mayores retos que se deben afrontar en el corto plazo es la reconversión laboral, afirmaron los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), en el marco del Seminario Internacional “El asedio de la pandemia COVID-19 a los Derechos Humanos: desafíos mundiales para el Estado Constitucional”, organizado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Durante la sesión destinada al análisis de los impactos que la pandemia ha producido en el ámbito laboral, se llevó a cabo la evaluación del marco legal, así como la revisión de las políticas públicas internacionales; los investigadores y juristas que integran la Red, reconocieron que el derecho al trabajo es sustancial para la vida digna, un imperativo para la subsistencia de todas las personas y la razón esencial del Estado.
Los investigadores y académicos de universidades de Brasil, Colombia, España, Francia, Venezuela y México, entre los que se encuentra el ombudsperson mexiquense, el Dr. Jorge Olvera García, coincidieron en que el trabajo ha sufrido notables afectaciones por la pandemia COVID-19.
Entre ellas, la pérdida de millones de empleos debido al cierre de fuentes de trabajo -directas e indirectas-, en todos los sectores productivos; la interrupción de las cadenas de valor; la contracción de la economía y el consecuente deterioro en los indicadores laborales, afectaciones que aún no se alcanzan a dimensionar por completo y que se traducirán en consecuencias negativas en la calidad de vida de las personas y la integración de las familias.
Los constitucionalistas sostuvieron que por ser el trabajo una vía para lograr la autorrealización de las personas, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por el Estado y un deber irrenunciable para todas las instituciones gubernamentales, pues su contenido se encuentra determinado por los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Asimismo, los agremidaos hicieron notar que la precariedad del mundo del trabajo en América Latina y, en particular, en México es preocupante, dado que gran parte de la población económicamente activa trabaja en la informalidad.
Ante este escenario, exhortaron a las autoridades competentes a diseñar y aplicar políticas públicas eficaces, que en el corto plazo remedien la situación, así como para que adopten medidas que protejan las fuentes de trabajo y, especialmente, a los sectores más vulnerables que viven con mayor intensidad las consecuencias de la falta de ingresos.
En su oportunidad, el presidente de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, Enrique Uribe Arzate, aseveró que “se trata de un derecho humano esencial que ha sufrido una merma aún no valorada completamente. No sólo se trata de advertir el gran número de empleos que se han perdido –y los que aún se perderán-, sino, además, se debe ponderar en qué condiciones continuarán los trabajos en la era post-pandemia.”
En el marco del seminario internacional organizado por la RIEC, en coordinación con la Codhem, los especialistas también coincidieron en que el derecho al trabajo guarda una relación irreductible con muchos otros derechos humanos, pues, a partir de las fuentes de empleo se generan los elementos para la subsistencia y el disfrute de derechos como la educación, la salud, la libre sindicación, la seguridad social, las pensiones, entre muchos otros.
