El 21 de mayo el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, se elabora cada dos años, que muestra a nivel nacional se ha elevado el número de actos de corrupción con relación al 2017, en el gobierno del presidente Peña Nieto (2012-2018).
La tasa de prevalencia de las víctimas de corrupción, ya en el gobierno del presidente López Obrador (2018-2024), creció en un 7.5 %, al pasar de 14,636 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017 a 15,732 en 2019.
Se registra también un aumento en la tasa de incidencia de actos de corrupción que se eleva en un 19.2 %, al pasar de 25,541 casos por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.
Ya las encuestas mostraban que la desaprobación ciudadana en la lucha contra la corrupción aumentaba. Un ejemplo es la de El Universal (15.11.19) que en marzo de 2019 registraba desaprobación del 20.4 %, pero en noviembre de 30.2 %. Un crecimiento del 30 %.
En cálculos del INEGI el costo total de los actos de corrupción gubernamental asciende a 12 mil 769 millones de pesos en 2019, que representa 3,822 pesos promedio por persona afectada.
Un tema central de la campaña del actual presidente fue la lucha contra la corrupción. En uno de sus videos promocionales decía que la “corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo”.
Nunca, durante la campaña, y tampoco ya en el gobierno presentó un plan de política pública, para reducir o terminar con la corrupción. En su lógica basta con el ejemplo, para que ésta se acabe. No ha sido así y nunca lo será.
Las buenas intenciones no bastan si no se traducen en una política pública que deriven en la creación de un sistema institucional que impida y castigue la corrupción de los funcionarios públicos.
El presidente en la comparecencia mañanera del 22 de mayo culpó a los gobiernos locales de ser corruptos, para él ahí reside el problema “porque estos siguen sin entender que las cosas ya cambiaron”.
Para él, por decreto, en el gobierno federal ya se erradicó la corrupción cuando todos los días los medios y las organizaciones de la sociedad civil, que investigan casos de corrupción, dan cuenta de que estos se siguen dando.
Algunos hechos son muy sonados y están relacionados con funcionarios del más alto nivel del actual gobierno federal, personas muy cercanas al presidente, pero a pesar de las evidencias siguen en sus cargos.
En esa misma ocasión a pregunta expresa de un periodista sobre cuántos funcionarios públicos estaban ya en prisión por actos de corrupción, el presidente no pudo responder y solo dijo que varios. No los hay. Continúa la impunidad.
Si la política pública en contra de la corrupción va a continuar siendo solo discursos y buenas intenciones y no un sistema institucional bien estructurado, es muy posible que la encuesta ENCIG 2021 ofrezca aún peores resultados a los del 2019. Y también, entonces, que el presidente siga negando la realidad.
Twitter: @RubenAguilar
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