- La red de investigadores realiza el Seminario Internacional “El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos”
- El derecho a la salud se encuentra en constante desarrollo por lo que es necesario incluir a todas las personas en las estrategias creadas para combatir el COVID-19: Jorge Olvera
- La futura vacuna que se desarrolle contra el COVID-19, debe ser desde ahora, un bien público mundial: RIEC
Ante la pandemia generada por el COVID-19, la actuación de los sistemas de salud no ha sido suficiente para garantizar el derecho a la salud, ni para las personas ni para sociedad, es una de las conclusiones de la segunda sesión del Seminario Internacional denominado “El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos: Desafíos mundiales para el Estado constitucional”, efectuado por de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC).
Como participante de dicha organización, el doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), informó que las opiniones de los juristas participantes coinciden en que el derecho a la salud es un derecho humano y fundamental que debe ser garantizado de manera irrestricta por el Estado, ya que es esencial para la vida humana.
Durante la sesión desarrollada en videoconferencia, los investigadores adscritos a diversas universidades de Colombia, España, Francia, Brasil y México, rememoraron que los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos estipulan que la atención al derecho humano a la salud debe estar por encima de cualquier asunto de orden administrativo, por lo que instaron a las autoridades gubernamentales, a que eviten polemizar, politizar y dar un uso electoral a la pandemia, así como dar plena transparencia al uso y destino de los recursos destinados a la salud.
Refirió que los integrantes de la RIEC coincidieron en que la situación actual demanda que los Estados atiendan oportunamente su obligación de dotar a los hospitales y clínicas públicas con los recursos e insumos suficientes, a la vez que, es imperativo que el personal médico y sanitario, cuente con incentivos y facilidades para el desempeño de sus actividades, y pueda desarrollarlas en un marco de respeto a sus derechos humanos, sin discriminación, indiferencia ni exclusión.
Olvera García destacó que, en este sentido, los investigadores participantes reiteraron que, en el caso de personas vulnerables, como personas adultas mayores, personas en situación de calle y aquellas privadas de su libertad, se requiere que el Estado desarrolle e implemente mayores garantías y una decidida política de atención por parte de las autoridades sanitarias.
Cabe destacar que la RIEC, además de aglutinar investigadores internacionales del más alto nivel, integra a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), por lo que sus propuestas y pronunciamientos, además de ser una voz autorizada en el ámbito académico, constituyen un contrapeso moral a las medidas que se toman frente a esta emergencia sanitaria mundial.
El presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, señaló que la pandemia por el COVID-19 ha abierto nuevos paradigmas y evidenciado acciones inadecuadas de diversos sistemas, dentro de los cuales el de salud no es la excepción, por lo que, puntualizó, “el derecho a la salud se encuentra en constante desarrollo debido a los avances de la ciencia y la tecnología; los cambios biológicos y ambientales inciden en la forma en que definen y comprenden sus alcances”, por lo que es necesario incluir a todas las personas en las estrategias creadas para combatir el COVID-19.
Por su parte, el presidente de la RIEC, Enrique Uribe Arzate, afirmó que “es necesario establecer una visión más allá de las normas jurídicas para atender el COVID-19, mediante una visión a priori de parte del Estado, para que pueda prever este tipo de situaciones en un futuro, ya que la pandemia ha afectado por igual a todas las sociedades, por lo que los recursos para la atención del derecho de acceso a la salud exigen su resguardo mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios a nivel global”.
En este sentido, los integrantes de la RIEC afirman que el acceso universal a la salud exige políticas públicas progresivas, por lo que propusieron que la futura vacuna que se desarrolle para combatir el COVID-19, debe ser desde ahora, un bien público mundial.
Finalmente, los puntos de vista de los juristas que participan en este seminario tienen también como propósito difundir sus aportaciones con el propósito de que los hallazgos y propuestas de los participantes sean en beneficio de los habitantes del Estado de México, de México y de los países que enfrentan esta pandemia.
