La saturación de información que las conferencias presidenciales propicia en los medios de comunicación distrae a la opinión pública de temas relevantes que inciden en el futuro del país y siembra conflicto y enfrentamientos entre sectores sociales de lo más diversos con el propósito de que éstos prosperen en el imaginario colectivo.
A manera de ejemplo, podemos observar que la convocatoria de científicos mexicanos y especialistas en salud pública para revisar la política sanitaria seguida a la fecha para contener la pandemia del Coronavirus, así como el rechazo creciente a los datos del gobierno sobre el desarrollo del contagio y de las vidas cobradas a mexicanos, no encuentra eco en el gobierno federal. El creciente reclamo del personal médico, de enfermería y administrativos de centros hospitalarios ante las carencias con las cuales enfrentan la atención de los enfermos, la cual aumenta el riesgo personal que ellos mismos corren al realizar su tarea sólo ha recibido como respuesta una serie de discursos y compromisos que no se cumplen, incubándose en el sector médico del país un profundo resentimiento e impotencia ante la irresponsabilidad del propio presidente y su gabinete de salud quienes han optado por estigmatizar a la profesión en general como “mercantilista”, como un medio para deslegitimar sus protestas y reclamos por la falta de previsión gubernamental ante el mayor problema de salud pública enfrentado por el país en largo tiempo.
Igual destino han tenido las propuestas del sector empresarial para enfrentar la crisis económica que veníamos resintiendo desde el inicio de la presente administración y que la pandemia viene a acrecentar de forma brutal con el creciente desempleo y en consecuencia, los niveles de bienestar de la población. De acuerdo con estadísticas oficiales, se calcula que México experimentará un retroceso de 20 años en lo que a nivel de bienestar se refiere, pues aumentará en 10 millones la franja de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria, lo que cerrará el año en una cifra de cerca de 31 millones. No obstante, el sermón diario del presidente de la República se ha concentrado en estigmatizar al sector empresarial, acusándolo de buscar apropiarse de los recursos del pueblo, omitiendo oportunamente su rol como generador de empleos, lo que resulta del creciente rencor presidencial hacia ellos. No obstante, la pérdida de empleos que el propio IMSS reconoce y el CONEVAL señala como factor determinante para el crecimiento de la pobreza en México, es ignorado en la política pública. La correlación entre los pequeños empresarios y la generación de empleo productivo, está supeditada al papel que desempeñan las dádivas en efectivo de los programas clientelares de la 4T para contrarrestar la inconformidad social ante la pérdida de empleos y la seguridad y dignidad que los mismos representaban para los ahora desempleados.
En el extremo de esta retórica perversa que tiende a polarizar a la sociedad buscando su confrontación, se sitúa la afirmación presidencial respecto a la presunta “falsedad” del 90% de las llamadas de auxilio que son realizadas por mujeres a los ahora escasos recursos de atención ante la violencia de género, constituyendo otra prueba incontrovertible de la falta de empatía gubernamental hacia los derechos básicos de la mitad de la población mexicana, la que durante esta administración ha visto disminuir los recursos públicos, no solamente en programas enfocados al apoyo de género, como las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, sino también la atención para el tratamiento del cáncer de mama, entre otros recursos dirigidos a la protección y empoderamiento de la mujer que han sido eliminados de la agenda de la 4T.
Las prioridades del ejecutivo federal, arropadas por los integrantes de la 4T, se circunscriben, lamentablemente, a su obsesión político-electoral, lo que ha quedado plasmado incluso en las propias acciones gubernamentales referentes a la pandemia de Coronavirus. Cabe recordar el señalamiento expreso de mantener activas aquellas empresas vinculadas a las obras insignia de la 4T, como son Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, rompiendo con esto toda lógica en la suspensión de actividades económicas decretada como medida para contener la epidemia.
La propia fijación de restaurar a PEMEX, inyectando de manera constante millones de dólares a lo que es en realidad una empresa quebrada y que ante la realidad del actual mercado petrolero se aconsejaría buscar su reconversión económica, es otra muestra de las características de la personalidad del presidente, su negación de la realidad.
La conexión del presidente hacia la realidad, tanto en el contexto internacional como en el nacional, está en duda. No ayuda el contar con un gabinete que se caracteriza por su medianía profesional (con algunas excepción señalada), para ser optimista en el destino de la nación al corto plazo. Un espacio alterno que empieza a abrirse camino como un recurso para buscar e implementar medidas eficaces a los graves problemas nacionales —no obstante, la limitación que sus alcances pudiera tener— es el de la sociedad organizada. Lamentablemente, este camino conlleva una separación creciente y profunda entre sociedad y gobierno, que podría derivar en una confrontación a costa de la civilidad y la paz social.
