En los últimos días, hemos visto al presidente Donald Trump jugando a la política con la pandemia, así como a muchos de los líderes republicanos del Congreso, sus seguidores y asesores, creando un falso dilema entre la fortaleza de nuestra economía, y las inevitables medidas sanitarias necesarias para reducir la propagación del mortal COVID-19.
El clímax de esta tensión ocurrió esta semana cuando uno de los principales científicos y expertos de Estados Unidos en la materia, el Dr. Anthony Fauci, finalmente testificó en el Senado, después de muchas objeciones de la Casa Blanca. Fauci es un hombre de ciencia al servicio del país y un destacado funcionario público durante seis presidencias. La política está lejos de él. Su campo es la gestión sanitaria basada en la ciencia y la investigación médica. Fauci nos ha dicho, claro como el cristal, que todavía no tenemos una vacuna -y tomará tiempo, tal vez un año más, llegar al punto de encontrarla y producirla masivamente-. El tratamiento de COVID-19 también es un desafío, y los Estados Unidos no han tenido un sistema masivo de pruebas para detectar tempranamente a las personas infectadas y mejorar los esfuerzos de contención contra el virus.
Con más de 1.4 millones de casos de coronavirus en los Estados Unidos, 84 mil muertos y más de un millón de casos aún no recuperados, y dada la alta tasa de mortalidad de la pandemia en este país, Fauci ha hecho una proyección sobrecogedora: 140 mil muertes para agosto de este año. También dijo, con base en el consenso de expertos sanitarios y de atención médica, que no estamos listos para reducir el distanciamiento social y las medidas de refugio en el hogar o confinamiento en todo el territorio. Nos ha advertido que acelerar la relajación de estas medidas, para abrir la economía, desencadenaría una segunda ola, que podría convertirse en un golpe más grande todavía para nuestra salud y la economía misma.
Mientras escuchaba al Dr. Fauci, no pude evitar volver atrás en la historia. La ambivalencia y falta de transparencia de Trump en la comunicación hacia la opinión pública, me recordaron el caso terrible de la pandemia conocida como la “gripe española” en 1918, cuya brutal diseminación fue producto de una estrategia semejante de ocultamiento. El virus, que ahora conocemos como ‘influenza’, se originó en Kansas, EEUU. Se trató (como el COVID-19) de una zoonosis: una enfermedad transmitida de los animales a los humanos. La reacción de los políticos de varios países, fue la de silenciar lo que estaba ocurriendo, para evitar la desmoralización de las tropas que combatían en Europa la fase final de la Primera Guerra Mundial. Fue llamada “gripe española” porque fue reportada por primera vez como una pandemia por un periodista británico corresponsal en Madrid, ya que España fue neutral durante la guerra y ninguna censura impidió que la información saliera a la luz. Aquel silencio tuvo atroces consecuencias: mató a más de 30 millones de personas, según cálculos muy conservadores.
La lección de la pandemia de 1918-1919 es inequívoca: esconder, minimizar o distorsionar los riesgos, no informar con la claridad y la intensidad necesarias, anteponer otros intereses a los de la protección de las vidas humanas, puede generar consecuencias simplemente catastróficas. La segunda y la tercera ola de la ‘gripe española’ fueron mucho más devastadoras que la primera. Un siglo más tarde, cuando la mayoría de la población vive en ciudades densamente pobladas, donde la movilidad de las personas es incesante y donde las actividades fundamentales de la vida humana -estudiar, trabajar, entretenerse, consumir-, son indisociables de concentraciones y aglomeraciones, los riesgos de posibles segundas y gasta terceras olas del covid-19 son muy grandes. Los resultados podrían ser mucho peores de lo que hemos visto hasta ahora.
Entonces, ¿cómo conciliar las políticas de confinamiento necesarias para salvar la salud y la vida -mientras se encuentra la imprescindible vacuna-, con las implicaciones económicas de la pandemia?
Los senadores Kamala Harris (D-CA), Ed Markey (D-MA) y Bernie Sanders (D-VT) han presentado un proyecto de ley que extiende la ayuda a las familias de Estados Unidos, a un monto de $ 2,000 mensuales, por persona u hogar con menos de $120 mil por año de ingresos, mientras se prolongue el confinamiento, y hasta tres meses después del cese del mismo. Si bien la idea es plausible, el costo fiscal de dicho paquete podría ser de alrededor de 500 millardos de dólares por mes (seis meses totalizarían 3 millones de millones de dólares). En esa línea de pensamiento, con un impacto presupuestario más racionalizado, el senador Mark Warner (D-Virginia) junto con Doug Jones (D-AL), Richard Blumenthal (D-CT), también acompañados por Bernie Sanders (D-VT), han presentado una alternativa, en la cual el gobierno podría garantizar a todos su salario previo a la crisis, pagado a través de su empleador.
El costo fiscal total de la ‘propuesta Warner’ durante 6 meses es aproximadamente el mismo, de lo que Trump y el Partido Republicano otorgaron en recortes de impuestos -alrededor de 1,5 millardos de dólares- a las corporaciones más grandes y los contribuyentes más pudientes de Estados Unidos, sin dudarlo y sin justificación económica para el mismo, ya que veníamos de una economía en crecimiento, con pleno empleo y ganancias corporativas récord acumuladas durante la administración Obama. A los republicanos, ahora mismo, les preocupa que se invierta casi la misma cantidad para contrarrestar una posible depresión económica y mantener los esfuerzos para aplanar la curva de propagación de esta enfermedad, mientras que la ciencia llega a la vacuna contra COVID-19.
En la Cámara de Representantes, la congresista Pramila Jayapal (D-WA), ha propuesto un crédito para cubrir los costos de la nómina de hasta $ 100,000 por empleado, y el congresista Josh Howley (R-MO) ha sugerido un crédito similar para que las empresas cubran hasta el 80% de los salarios. ¿Podrían los dos grandes partidos alcanzar un acuerdo en torno a estas propuestas?
Una cosa está clara, como hemos discutido con expertos en el Progressive Policy Institute: se necesita un paquete económico de emergencia para combatir la recesión más allá de lo que se ha hecho con el CARES Act hasta ahora, y dicho estímulo costará menos que precipitar la apertura de la economía, sin un plan racional para garantizar que podamos vencer la pandemia. Es falso el dilema que opone Economía y Salud. De lo que se trata, en este caso, es de poner la Economía al servicio de las vidas de los estadounidenses. Si lo hacemos, regresaremos con la fuerza y a tiempo para asumir una nueva normalidad con una sólida economía.
