- En el Sector Patronal consideramos que el CENACE no tiene facultades para emitir dicho acuerdo
- Siempre se debe privilegiar la libre competencia en beneficio de los consumidores
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó el “Acuerdo para Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
El organismo público descentralizado señala que la intermitencia de las centrales de generación de energías solares y eólicas, afecta la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico. Con esta medida, el CENACE pretende dar prioridad para generar energía eléctrica a las Centrales denominadas “Must Run”, las cuales tienen un alto costo y generan mayor contaminación.
Con base en la experiencia de varios países, cuando existe baja en la demanda de energía eléctrica, hay más oferta, existe mayor margen para operar el sistema y es el mejor momento para despachar energía de fuentes renovables, energías que son más baratas y menos contaminantes.
El acuerdo del CENACE crea distorsiones de mercado, ya que la gran mayoría de los Generadores Limpios tienen compromisos contractuales, y con esta medida, ahora tendrán que comprar del Mercado Eléctrico para cumplir con sus contratos, lo que disminuye los márgenes para cumplir con las deudas contratadas para la construcción y puesta en marcha de las Centrales Eléctricas Renovables, que actualmente están en operación.
Adicionalmente la Ley de Transición Energética contempla compromisos ambientales a través de la generación eléctrica por parte de fuentes renovables, por lo que, si se detiene dicha generación, se afectarán los compromisos internacionales, y, sobre todo, el derecho de los consumidores para tener energía más barata.
Asimismo, se provocará una afectación económica si se retiran las energías renovables, porque al utilizar combustóleo, el cual es caro y contaminante, afectarían las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por lo tanto, a la economía de quienes viven en el país.
Es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) -y no el CENACE- la autoridad facultada por mandato de Ley para expedir y aplicar la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La CRE es quien debe analizar las condiciones, para no dar un trato discriminatorio a la competencia y dar libre acceso de los ciudadanos a la energía eléctrica. Coincidimos con la opinión de la COFECE, que insiste en “no otorgar trato discriminatorio indebido a Ciertas Centrales Eléctricas […] y garantizar el despacho económico de las plantas conforme a sus costos, de menor a mayor, sin comprometer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.”
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), siempre pensando en el bienestar del país y de los mexicanos, extendemos el apoyo para alcanzar una solución que privilegie la libre competencia y el crecimiento económico de México.
