El Congreso se ha vuelto a reunir con el objetivo de abordar el déficit de fondos para el tramo inicial de 350 millardos de dólares aprobado de forma bipartidista. El fondo destinado a apoyar a las pequeñas empresas durante la crisis COVID-19 rápidamente se secó, dejando a millones de propietarios de pequeños negocios fuera del tan necesario alivio inmediato, proporcionado por el llamado ”Paycheck Protection. Program” (PPP), o programa de protección de nóminas. Al amparo de este instrumento, las empresas tendrían acceso a un préstamo blando de hasta 2,5 veces el costo de sus nóminas, que sería no reembolsable o condonado si al vencimiento del plazo, la empresa mantenía el número de empleados.
Pero, como suele ocurrir, el diablo está en los detalles. Mucho más, con un gobierno cuya administración siempre prioriza los grandes intereses o aquellos con mayor acceso y privilegios en el sistema económico. Por esta razón, la Cámara de Comercio Hispana del Norte de Virginia abordó la gravedad del problema, de manera muy clara y acuciosa, en una carta a la Casa Blanca, basándose en los datos divulgados por el Small Business Administration del gobierno federal, en los siguientes términos:
«Como saben, el programa PPP de la SBA, lanzado el 3 de abril, se quedó sin fondos. Se desembolsó un total de $ 342,277,999,103.00 a 1,661,367 compañías. Sin embargo, sabemos por el informe adjunto, que el 2% de las empresas aprobadas para préstamos representaron casi el 30% de la financiación total. Eso representa $ 104.7 millardos de dólares gastados en 33.200 empresas, un promedio de $ 3.5 millones cada uno. Muchas corporaciones, ricas en efectivo y fondos de cobertura, están aprovechando los requisitos del programa PPP, dejando fuera las empresas pequeñas e independientes, que realmente necesitan asistencia financiera». En la carta también se hacen recomendaciones específicas para mejorar la próxima ronda de préstamos a pequeñas empresas, subrayando: «El aumento de la transparencia ayudará a permitir una recuperación más fuerte y más rápida para nuestro país».
Nuestra impresión (a medida que profundizamos nuestra investigación de la situación) es que uno de los mayores problemas en la ejecución de la iniciativa tiene que ver con el problema subyacente de la inclusión financiera de las pequeñas empresas en los EEUU: las empresas más pequeñas del segmento de la pequeña empresa (específicamente, las de propiedad de minorías latinas o afroamericanas) tienen más dificultades para acceder a los recursos financieros en el sistema bancario en general. De hecho, un estudio de la Universidad de Stanford revela que, en general, la inclusión financiera -o, deberíamos decir, la exclusión financiera- es uno de los principales problemas que enfrentan los pequeños empresarios hispanos para iniciar y escalar sus negocios, siendo el caso que más del 70% de los emprendedores hispanos dependen de ahorros personales y préstamos familiares para desarrollar sus iniciativas; y que buena parte de los financiamientos de fuentes de mercado son recibidos a tasas de interés prohibitivas por su alto costo, incluso en tiempos en que el sistema bancario ofrece tasas de interés muy bajas, como ha ocurrido en la última década.
El segmento de las más pequeñas empresas (y las microempresas) es el menos resistente a las medidas de mitigación sanitaria, tan necesarias en la crisis del COVID-19, como el confinamiento y distanciamiento social, con el consecuente cierre de negocios o la limitación extrema de sus operaciones, en horario y alcance. En consecuencia, la falta de pronta y adecuada atención financiera a este sector, es causa del aumento en el desempleo en todo el país. No por nada, en la actualidad más de 22 millones de personas acuden a los programas de seguro de desempleo o paro forzoso de los estados, ya que estos no son un sistema único federal y seguramente, dadas estas magnitudes, pronto requerirán asistencia del Congreso, (adicional a la otorgada en el primer paquete legislativo de 2.3 millones de millones aprobados a principio de mes). Con gran probabilidad, aprovechar o ampliar la aplicación de estos programas de financiamiento con las plataformas Fintech, bancos comunitarios, empresas de pago y procesamiento de nómina, podría facilitar el acceso al llamado PPP por parte de las pequeñas empresas hasta ahora excluidas; y quizás sea importante tomar en cuenta las aplicaciones de empresas que ya han despedido a sus trabajadores (o los mantienen cesantes sin remuneración) para apoyarles en una reapertura de sus operaciones.
Este martes, 21 de abril, se selló un nuevo acuerdo bipartidista entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para autorizar más fondos para las pequeñas empresas. Como se informó, el nuevo paquete legislativo incluye un acuerdo de $470 millardos para renovar los fondos del programa de préstamos para pequeñas empresas, que se quedó sin dinero bajo una demanda aplastante durante la pandemia de coronavirus (agregando aproximadamente $ 310 millardos al Programa de Protección de Cheques para pequeñas empresas). El acuerdo también aumentaría el gasto en hospitales y pruebas de coronavirus en alrededor de $ 100 millardos.
Resulta refrescante que, entre las tensiones creadas por la retórica y contradicciones del presidente Trump en el manejo de la emergencia nacional, se encuentra espacio para priorizar asuntos de interés colectivo. Toca esperar que en esta nueva ronda de implementación no se corrompa la iniciativa, torciendo los recursos de lo que el acuerdo legislativo tiene en mente: atender a los eslabones más débiles (y hasta ahora excluidos) del productivo y fundamental sector de la pequeña y mediana empresa.
Un nuevo tropiezo por parte del gobierno, que no corrija lo sucedido en la primera fase de estos esfuerzos de estímulo económico, tendría un impacto muy negativo e inexcusable para amplios sectores de la población.
@lecumberry
