Un nuevo recorte en el Gobierno Federal fue ordenado ayer a través de la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval. La totalidad de las instancias federales deberán reducir en 50 por ciento el presupuesto para servicios generales y gastos de operación; las áreas administrativas deberían desde ahora pagar sólo lo que ya está contratado y evitar adquisiciones nuevas.
Esta medida, anticipada por el presidente López Obrador en varios comentarios, cancela la posibilidad de que servicios de empresas particulares o instituciones públicas sean contratados de aquí en adelante.
La instrucción fue entregada a las dependencias mediante una circular fechada el 8 de abril bajo el número 100/02/2020, con rúbrica de la propia Sandoval y con copia al Ejecutivo al titular de Hacienda y a la Oficialía de la misma Secretaría de Hacienda que controla actualmente la totalidad de contratos federales.
La recomendación de economistas y organismos de análisis, así como de agrupaciones empresariales, era expandir el gasto de gobierno e incluso contratar deuda en el proceso, esto con el fin de hacer circular recursos hacia negocios y empresas paralizados en este momento por las medidas sanitaras. No obstante la medida fue justamente la contraria.
La circular de Función Pública hace notar que quien la incumpla caería en responsabilidades que serán motivo de sanciones administrativas bajo lo dictado por el Ley Federal de Austeridad Republicana.
El gasto afectado, implicaría también despidos de personal contratado en dependencias bajo conceptos de asimilados al salario o proyectos por tiempo y obra (también operados en el capítulo servicios generales a los que hace referencia la circular de Función Pública).
