- Ante la profunda crisis económica que se avecina derivado de la pandemia COVID-19, es necesario generar empleos por medio de inversión privada, sumada a las que el gobierno federal realice con recursos públicos.
- Organizaciones hacen un llamado al Presidente de la República a impulsar la transición energética, mediante los mecanismos que las leyes en la materia hoy ofrecen y a ver al sector privado como un aliado.
La Plataforma México Clima y Energía (PMCE), conformada por las organizaciones y asociaciones firmantes, manifestamos gran preocupación por las recientes declaraciones del Jefe del Ejecutivo en contra de proyectos de energía eólica. Los integrantes de la PMCE deseamos contribuir al entendimiento colectivo sobre la realidad de las energías renovables en sus aspectos técnicos, económicos y ambientales.
La energía eólica y la energía solar son dos de las tecnologías más efectivas para generar electricidad sin producir emisiones de contaminantes que afectan la salud de la población, ni gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático.
Hasta 2018, la energía eólica sumó a nivel global, 591,000 megawatts (MW) de capacidad, equivalentes a más de cinco veces la capacidad eléctrica total de México. Esta capacidad está constituida por el equivalente a 197,000 aerogeneradores con potencia promedio de 3 MW cada uno. Los países más avanzados en ese esfuerzo son China, Estados Unidos, Alemania, India, España, Reino Unido, Francia, Brasil, Canadá e Italia. En estos países y en muchos más los aerogeneradores forman hoy parte del paisaje periurbano, rural y costero.
Tan sólo el vecino Estado de Texas, colindante con Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, tiene 25,600 MW de capacidad eólica con más de 8,500 aerogeneradores, que proporcionan el 18% de sus requerimientos de electricidad anuales. Todas las regiones y países mencionados, con algunas excepciones, tienen estrictas leyes sobre impacto ambiental.
La energía eólica tiene grandes beneficios comenzando por el bajo costo de la electricidad que produce. Más de 70 países realizan subastas para proveerse de energía mediante parques eólicos y solares. La energía derivada del viento es más barata que la energía eléctrica generada con gas natural, ya que no se requiere pagar la factura del gas cada mes. Todo ello sin producir emisiones ni comprometer la soberanía energética del país para su operación.
En comparación, México solamente tiene 6,238 MW de energía eólica con cerca de 2,800 aerogeneradores. Se puede ver que estamos en una fase inicial apenas arriba del 1% mundial. El sector privado ha invertido más de 11,500 millones de dólares en la instalación de aerogeneradores sin subsidios ni recursos gubernamentales.
En vista de lo anterior, queremos manifestar de forma respetuosa pero firme lo siguiente:
- La energía eólica NO requiere subsidios. Entrega energía a la red a costos bajos, lo cual ayuda a disminuir el costo de la electricidad en general conforme se vayan incorporando más parques eólicos al sistema eléctrico.
- Cada proyecto de energía eólica presenta antes de su inicio, una manifestación de impacto ambiental, en la cual se valoran las afectaciones que se hacen al ambiente y, en su caso, se ordenan medidas para su mitigación.
- Los proyectos eólicos también presentan evaluaciones de impacto social siguiendo una serie de procedimientos dictados por las leyes en la materia y por normas internacionales. Es de reconocerse que estos procesos requieren perfeccionarse con el concurso de la sociedad civil y de los habitantes de las zonas con alto potencial eólico con estricto respeto a los derechos humanos, la autonomía de las comunidades indígenas, la perspectiva de género y la equidad económica.
- Los proyectos eólicos son menos invasivos con el medio ambiente y tienen menores impactos que los proyectos de energía que operan con combustibles fósiles (carbón, combustóleo o gas natural), los cuales emiten contaminantes que afectan la salud de poblaciones localizadas a kilómetros de distancia (morbilidad y mortalidad prematura).
- La energía eólica produce empleos locales e ingresos fiscales para la Federación, los estados y los municipios donde se implementa. Las inversiones en esta tecnología han liberado presupuesto fiscal que se ha utilizado en programas sociales, educativos, de seguridad pública y otros.
- El aprovechamiento del viento por estos medios es compatible con otros usos del suelo y permite actividades de conservación y productivas, que aportan beneficios adicionales para las comunidades y los propietarios de la tierra que participan en estos proyectos.
Ahora más que nunca, ante la profunda crisis económica que se avecina, y las necesidades de una pronta recuperación de la economía afectada por la pandemia de COVID-19, es necesario generar empleos por medio de inversión privada que se sumen a los esfuerzos e inversiones que el propio gobierno federal realice con recursos públicos. Hacemos un llamado al Presidente de la República a impulsar la transición energética mediante los mecanismos que las leyes en la materia hoy ofrecen y a ver al sector privado como un aliado.
Proponemos relanzar a la brevedad las subastas públicas para la generación de electricidad con energías renovables, garantizando la aplicación de los siguientes principios fundamentales:
- Perfeccionar el proceso de las subastas para incorporar las lecciones aprendidas de las subastas realizadas con anterioridad.
- Establecer reglas claras y certidumbre de que se respetarán las inversiones y desarrollos de energías renovables que cumplan con la normatividad en materia de impacto ambiental, impacto social, y de seguridad energética;
- Establecer con transparencia y claridad los términos de participación en las subastas, enfatizar las regiones más adecuadas para las instalaciones seleccionadas de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico y de las condiciones de las redes de transmisión, y adecuar éstas para el mejor aprovechamiento de los recursos renovables de nuestro país.
- Supervisar el estricto cumplimiento de los procedimientos y evaluaciones de impacto ambiental y de impacto social, para garantizar que con la operación de los proyectos se minimicen los impactos ambientales y se maximicen los beneficios a las comunidades
- Apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios de generación distribuida de electricidad por energías renovables.
