Capos, asesinos, violadores, traficantes, pedófilos, políticos corruptos a ínsulas.
¿Quién recuerda este nombre, Ingrid Escamilla? seguro todos o la mayoría de los mexicanos. Ella era una chica de apenas 24 años de edad, que tuvo la mala decisión de vivir con un sujeto alcohólico y drogadicto, que frecuentemente discutía, peleaba y golpeaba a la indefensa (ante la fuerza física del hombre drogado o ebrio sucumbe) jovencita.
En uno de tantos desencuentros y en arranque de celos (según la FGJCDMX), Francisco “N” empezó insultando, de ahí pasó a los golpes y para terminar su cobardía clavó en su cuerpo un puñal, no conforme, cercenó en partes el cuerpo de Ingrid, los depositó en varias bolsas de plástico, para después esparcirlas por las calles de la colonia; una de ellas en el drenaje y se dio a la fuga.
Pese a que en 2019 la infortunada muchacha denunció penalmente a su pareja ante el MP éste –como siempre- juzgó que sólo eran “pleitos de pareja” y no ordenó la detención de Francisco. Meses después de la querella, la historia se las conté.
El infeliz fue detenido y purga pena por homicidio en un reclusorio de la Ciudad de México.
Como este hay miles de hechos consumados en todo el país. Como aquel de la Colonia Guerrero, en donde la pareja de una muchacha hizo lo mismo que Francisco, sólo que este empaquetó las partes del cuerpo en el refrigerador y cotidianamente comía los restos mortales de la chica.
El cobarde también fue detenido y purga su fechoría en una cárcel capitalina, mantenido con los impuestos que la autoridad hacendaria nos retiene por trabajar, por comprar, por consumir. Ambos tipos pasarán entre 70 años o cadena perpetua recluidos en prisión, alimentándose tres veces al día, vestidos y calzados por la sociedad. Improductivos, sangrando el erario público que usted, yo, sus familiares, amigos y conocidos aportamos vía impuestos para mantener asesinos, rateros, secuestradores, violadores, pedófilos, corruptos, defraudadores, malandrines, que aunque privados de la libertad, viven mejor que los pobres, pobres extremos, marginados, ignorados por las autoridades federales, estatales y municipales.
Le conté dos historias, pero usted, inteligente lector, cibernauta conoce más, muchas más que ha escuchado, leído, le cuentan, ve en la televisión, etc.
Esta lacra social no recompone su vida. Hay quienes salen de su reclusión y de inmediato delinquen, se amafian, sirven de brazo armado a capos en prisión, o después de pasar algunos años en las “universidades del crimen” como se les conoce coloquialmente a los reclusorios, encontraron su vocación como delincuentes. Reinciden y retornan a celdas a saturarlas convirtiéndose en carga innecesaria y antisocial para la comunidad.
El sistema burocrático de justicia por incapacidad, complicidad, influyentismo, corrupción, sumisión o parcialidad es uno de los causantes del retraso en los juicios penales y acumulación de expedientes, que saturan los juzgados cuyos juicios se convierte en subasta al mejor postor para declarar, sobreseer, dictaminar, procesar y sentenciar a un “presunto “ delincuente, de acuerdo a “según el sapo es la pedrada” y la habilidad de los “abogados” para comprar conciencias e intereses del juzgador para desahogar “mi caso, Señor Juez”
O bien violando el debido proceso o derecho humano de un inculpado.
Esto se ve en las cifras de los juicios en agenda, como lo señala un reporte del Órgano Administrativo Descentralizado en Prevención y Readaptación Social, que de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 en el país las audiencias contra delincuentes sujetos a proceso pasaron de 60 mil 653 a 63 mil 847 por delitos del fuero común, en consecuencia los inculpados deben habitar celdas en los 300 centros penitenciarios, mezclados con sentenciados (asesinos, violadores, secuestradores, pedófilos, traficantes, etc.) mientras esperan el desahogo de pruebas; sobresaturando cárceles y aprendiendo a delinquir, cuando su caso es un robo de autopartes, un bolso, asalto en vía pública, en transporte público (fuero común). Aprende o lo obligan a reclutarse a bandas y carteles.
Cifras alarmantes que ponen presión a las autoridades, pues los delincuentes del fuero federal: traficantes de armas, de drogas, de blancas, secuestradores, corruptos, pederastas, pedófilos, gatillaros, capos, etc. son quienes provocan el mayor número de motines, riñas, fugas, extorsiones (vía telefónica, o por interpósita persona), y como la Transformación de 4ª no sabe gobernar, se va por la fácil, dejar encerrados a los delincuentes cargando, no sólo el reclusorio sino las celdas, que tienen capacidad para 6 reos y le meten 16 o 20 en un espacio de 4 por 6 metros cuadrados.
Cifras, a diciembre de 2019, del INEGI y del OADPRS coinciden que en los 300 edificios de reclusión en todo México (19 operados por el Gobierno de México, T4a) cohabitan 201 mil 65 presos por delitos federales y 171 mil 702 del fuero común, a quienes debemos alimentar, vestir, calzar, divertirlos, curarlos. Para ello en 2020, los “inteligentes” asesores y planificadores de Andrés Manuel López Obrador, propusieron a la Cámara de Diputados aprobar un presupuesto al Sistema Penitenciario Federal, superior a los 13 mil millones de pesos ¿para qué? para mantener a delincuentes que atentaron y atentarán contra la sociedad.
Demasiado dinero bueno, digno, honesto para manutención de escoria, de asesinos como Francisco “N”, que destazó a su novia, a pedófilos que violaron a niñas o niños, a políticos que robaron y defraudaron dinero público, o capos que ordenaron asesinar a rivales y “daños colaterales”… Una aberración y afrenta del Gobierno contra la sociedad que mantiene al asesino de un esposo, hijo, padre, hermano, amigo.
¿Sabe cuánto le cuesta a usted, o, a usted, a mí, mantener diariamente a un preso de ambos fueros?, se lo digo, 331 pesos, multiplicado por los 372 mil 767 encarcelados. 37 millones de pesos cada 24 horas, incluidos sábado, domingo y días festivos.
Nuestras cárceles son costosas, violentas, sobrecargadas, no reinsertan socialmente a sus inquilinos. Por el contrario. Los procesados aprenden a delinquir, asaltar, usar armas, a drogarse. En tanto, los sentenciados, expanden sus dominios, cotos de poder, agrupan a nuevos sicarios, gatilleros, operadores, burreros. Compran conciencias, extorsionan a custodios, alcaides, policías, directores de penal, ministerios públicos, jueces, defensores de oficio, coyotes. Explotan a esposas, hermanas, hijas, madres, novias de primo delincuentes prostituyéndolas, como mensajeras, introductoras de drogas al penal, “correos” para extorsión o advertencia y decenas de bajezas más.
Para despresurizar los penales expongo dos opciones sencillas. La primera, eficientar, desburocratizar, limpiar, descorromper los juicios penales desahogando expedientes, sobre todo los que están en proceso. Resolverlo para no encarcelar a potenciales inocentes. Llevar audiencias virtuales (el procesado con un brazalete) en arraigado domiciliario.
Cuando sea imposible utilizar la tecnología y el presunto tenga que recluirse, no mezclarlo con sentenciados para no exponerlo o empujarlo a amafiarse.
La segunda opción, tal vez para muchos descabellada, loca, irrealizable… para mí real, necesaria, útil y socialmente saludable, que limpiaría de escoria los núcleos urbanos de violadores, capos, asesinos, pedófilos, gatilleros, etc.(fuero federal), o ladronzuelos reincidentes del fuero común, sería mudar, trasladar, transferir a éstos a una isla inhabitada. No como las Marías, que se convirtió en hotel temporal, pues los reos encontraron las mismas comodidades de un reclusorio federal, estatal o municipal, que no representó un reto de sobrevivencia.
La idea es llevarlos a una ínsula virgen. Dentro de nuestras aguas nacionales, con datos del INEGI, México cuenta con 3 mil islas e islotes, de las cuales sólo 144 están habitadas, urbanizadas, muchas de ellas turísticas. Las restantes 2856 son desoladas, invadidas de flora, fauna; algunas boscosas o rocosas.
Cuál sería la sugerencia para vaciar de malandrines incorregibles o sentenciados de por vida (cadena perpetua o 70, 80 años de reclusión) a quienes mantenemos con dinero limpio, no realizar obras de infraestructura, como celdas, patios, locutorios. No invertir ahí.
Sólo instalar una o dos plantas desaladoras que operen con energía solar, dotarlos de madera, troncos de árbol, hachas, serruchos, clavos, tornillos, etc. Alguna tubería galvanizada o de cobre, bombillas incandescentes o ahorradoras de energía. Su dotación de uniformes, zapatos, ropa interior que deben hacer durar, por lo menos seis meses, hasta la siguiente visita oficial de autoridades penitenciarias que renueven el ajuar. Semillas de frutos, vegetales, granos.
No habrá custodios, ni policías. Las reglas de coexistencia serían dictadas o estipuladas por ellos mismos. Con la vegetación de la isla deberán construir sus barracas, casuchas, tapancos (no están de vacaciones están purgando penas severas). Construirían su propia colonia.
La vigilancia oficial sería satelital, con drones, en tanto la Armada de México desde sus bases navales se mantendría pendiente para ministrar –cada semestre- lo básico. La sobrevivencia será responsabilidad de cada reo. Bajas, lesiones, agresiones, etc. será sancionado, según el acuerdo a que llegue la población carcelaria, sin intervención de autoridad oficial.
La primera Isla y la más grande de México deshabitada para este proyecto, es Tiburón, que tiene 1200 kilómetros cuadrados, ubicada en el Golfo de California, entre los Estados de Baja California y Sonora. Es rica en flora, fauna, árboles, y por ser territorio costero abundante en pescados, mariscos, algas, vida marina.
Ahí está la propuesta. Se dejarían los reclusorios estatales para delitos del fuero común.
Basta ya de mantener delincuentes con dinero limpio. El presupuesto actual para el sistema penitenciario debe tener un destino digno, humanitario: salud, educación, seguridad, empleos, combate a la pobreza. Los mexicanos lo exigimos.
Por Luis Repper Jaramillo*
El autor es Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) y de Latitud Megalópolis (LM).
