La Secretaría del Medio Ambiente, las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad y la ciudadanía deberán instrumentar estrategias y políticas públicas para que los establecimientos de alimentos y bebidas desalienten el consumo de popotes, vasos, bolsas utensilios y contenedores plásticos, en tiendas de autoservicio, farmacias, mercados, restaurantes y similares, aprobaron las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático y de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 60 Legislatura mexiquense.
Y en contraparte, deberán promover la sustitución gradual de dichos artículos, por productos sustentables elaborados con materiales reciclables, compostables o que sean de pronta biodegradación, establece la reforma al artículo 2.202 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, formulada por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN.
La iniciativa fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de los diputados del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello y María Luisa Mendoza Mondragón, y del PES, María de Lourdes Garay Casillas, quienes postulan la prohibición total de estos materiales y no solo el que no se promueva su uso.
La legisladora proponente afirmó que forjar una alianza entre los legisladores en torno a la sustentabilidad es la base para lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para los mexiquenses; lo anterior, al señalar que los plásticos son el aliado número uno de la contaminación, ya que su permanencia durante largos periodos causa grandes daños al medio ambiente, por lo que planteó la necesidad de sustituirlos con materiales reciclables reutilizables, compostables o de pronta degradación.
Indicó que de acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, que México ocupa el décimo segundo lugar como consumidor de productos de plástico en el mundo; que anualmente cada mexicano utiliza 48 kilogramos en promedio de bienes fabricados con este material; que la contaminación por plásticos aumentó 190% en los últimos cinco años; que cada año las bolsas de plástico que se vierten en el océano acaban con la vida de un millón de animales; que en un restaurante se desechan cerca de 45 mil popotes el año, y que una persona puede consumir casi 38 mil de ellos durante su vida.
La diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES), presidenta de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, señaló que el trabajo de concientización se debe dirigir a los ciudadanos y no a los establecimientos, por lo que externó su desacuerdo hacia la propuesta, pues aseguró que la sustitución no es suficiente, y “sólo alimenta falsas soluciones”, ya que los plásticos biodegradables no ayudan a reducir la contaminación ni el consumo insostenible de recursos naturales pues siguen siendo polímeros derivados del petróleo.
El coordinador de la bancada del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, aseguró que el país y el estado requieren de acciones concretas, como la prohibición, que contribuyan al consumo responsable de bolsas de plástico, popotes y contenedores, y no sólo de medidas preventivas.
Recordó que ya existe legislación en los municipios mexiquenses más poblados para este propósito, entre ellos, Toluca, Metepec y Tlalnepantla, con sanciones establecidas en los bandos municipales, sin embargo, afirmó que existe incertidumbre y falta de certeza, la cual deben otorgar los legisladores. Por ello, aseguró que la iniciativa aprobada, en términos de buenos deseos y buenas intenciones, pronto necesitará una sustitución, ya que “no le sirve de absolutamente nada a la ciudadanía”.
En este sentido, su compañera de fracción, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, consideró la propuesta como “limitativa y sometida a la voluntad del sector empresarial y de la sociedad”, omitiendo la esencia de una ley de ser imperativa y coercitiva.
Aseguró que con esta reforma solamente se busca promover estrategias para el uso responsable de los plásticos, pero no establecer una prohibición, y sugiere que se impulsará la sustitución de materiales dañinos pero no dice cómo, cuándo ni dónde, ni señala un plazo para que los establecimientos dejen de utilizarlos o una sanción en caso de no hacerlo.
De la bancada de morena, el diputado Gerardo Ulloa Pérez apoyó la promoción de un cambio paulatino, como lo hace la propuesta panista, sin que eso signifique quitar el dedo del renglón y establecer una fecha para aprobar la prohibición y que esta, a su vez, incluya una política pública para los empresarios y los trabajadores que se verán afectadas.
De la misma bancada, el diputado Max Agustín Correa Hernández celebró que este sea el inicio de la atención de asuntos relacionados con la defensa de los derechos de la naturaleza y de la Madre Tierra que impidan anteponer el interés económico de determinados grupos sobre la vida del ser humano y de las siguientes generaciones.
Del PRI, la diputada Maribel Martínez Altamirano consideró que esta propuesta es corresponsable con las agendas legislativas mundiales en torno a garantizar un medio ambiente sano. Consideró que se trata de una transición justa para empezar a dejar los plásticos de un solo uso e incentivar el de aquellos que puedan ser reciclables, compostables y de pronta degradación, al tiempo que se va creando conciencia en los ciudadanos.
El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, del PT, coincidió con los diputados ecologistas en que la responsabilidad de los legisladores va más allá del contenido de esta iniciativa, conscientes del reto mundial que implica la contaminación, por lo que se manifestó en contra.
El legislador sin partido Carlos Loman Delgado apoyó la propuesta, aclarando que no es la solución al problema pero no está peleada con una reforma más punitiva, y llamó a seguir trabajando en la gran reforma necesaria en la materia.
