La violencia y la delincuencia desatada no son nuevas, han estado creciendo en la vida de los mexicanos desde sexenios anteriores. Cuando una persona de a pie, como usted o yo, somos víctimas de un delito, el que haya una justicia pronta, completa, imparcial y expedita queda inicial y decisivamente en manos de dos personas: un policía y un ministerio público. ¿Tenemos los que necesitamos? Comencemos por los policías. El diagnóstico de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de apenas mayo de 2019, decía con respecto a la recién desaparecida Policía Federal: “Reciben bajos salarios, carecen de seguridad y protección social para ellos y sus familias. Desde su fundación esta corporación no ha sido dotada de equipo suficiente ni de instalaciones y cuarteles”. No hay recurso que alcance ante tal atraso, pero el plan es que la conformación de la Guardia Nacional lo resuelva gradualmente.
En el ámbito local, el panorama es todavía más desolador. En estados diversos, patrullas maltrechas con cientos de miles de kilómetros recorridos, equipamiento obsoleto y armamento en mal estado para enfrentar a la delincuencia que tiene arsenales propios de un ejército de primer mundo. Eso, además de la extorsión y amenaza continua del crimen organizado que pone a los policías en la encrucijada de poner en peligro sus vidas y la de sus familias, o corromperse.
Los ministerios públicos también requieren suma atención. La discusión reciente sobre si debería mantenerse la figura delictiva del feminicidio o no, ilustra el problema. El argumento de la Fiscalía General era: “Si el feminicidio estuviera planteado como un homicidio con agravantes, las condiciones para judicializar y para consignar serían mucho más fáciles”.
Pero no se trata de hacerlo más fácil, sino de que los encargados de investigar los delitos tengan la especialización y los recursos para obtener todos los elementos de prueba, observar el debido proceso e integrar los expedientes correctamente para que los culpables no terminen liberados por recovecos legales.
Los servicios médicos forenses de todo el país están saturados. Morgues insuficientes que se apoyan en funerarias y hasta en camiones refrigerados para almacenar cadáveres. Feminicidios impunes por falta de autopsias. En México se mata a las mujeres porque se puede. También madres que pasan años de infierno buscando a sus hijos en fosas clandestinas y tal vez se toparon con sus cuerpos pero nunca lo sabrán por la falta de servicios periciales. El Poder Judicial también tiene mucho que hacer. Ha estado actuando contra el nepotismo y otras prácticas insanas. El proyecto de Reforma Judicial se enfoca en la “meritocracia” y en homologar la actuación de los jueces en todo el país, para evitar sentencias a todas luces injustas y cuestionables.
En el Poder Legislativo, el avance hacia un Código Penal único para todo el país es una meta necesaria para evitar la dispersión de los tipos penales y su configuración, que abre la puerta a la interpretación y la impunidad. Mismos delitos, mismos procedimientos y mismas penas.
No permitamos que nos rebase la delincuencia. Es importante atender todos los frentes hasta lograr el anhelado estado de derecho que nos permita avanzar como país.
