Han pasado ya cuatro años desde el día de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala. Desde entonces, una atmósfera de dolor e incertidumbre ha inundado el caso, al no ser esclarecido, por guardar lealtad a un ¨pacto de silencio -como lo ha nombrado nuestro presidente López Obrador-.
Fue en el 2014, cuando ¨los 43¨ viajaron desde el pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero (sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales) a México. Su intención era tomar el transporte para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968, pero desgraciadamente terminaron siendo víctimas de otra matanza.
Hasta la fecha el suceso resulta un episodio confuso. Durante la noche del 26 de septiembre de ese año y la madrugada del 27, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes y desde entonces, su último paradero conocido, fueron los autos policiales a los que los subieron.
De allí nació la consigna: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”. Las investigaciones que se han llevado a cabo desde entonces, han estado plagadas por la “complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno.
Crudo pero cierto, no van a aparecer, pero lo que sí se puede y quiere hacer el presidente, es esclarecer lo sucedido aquella noche: ”No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de cien personas. Y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado. Vamos a trabajar de manera conjunta con la fiscalía y con el Poder Judicial, pero el caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro gobierno. “Quienes están en la cárcel, quienes ya salieron, quienes nunca entraron, pero saben dónde están los jóvenes, nos pueden ayudar”, recalcó AMLO.
El día de ayer se informó que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar y el fiscal Alejandro Gertz Manero, aceptaron la invitación del presidente para trabajar en conjunto en el caso de Ayotzinapa, a partir de marzo.
Me parece que es imperativo que un caso que se escaló a esa magnitud, quede resuelto de una vez por todas porque solo la verdad nos hace libres, y ante un ambiente de impunidad como el que se vive en nuestro México, todos necesitamos saber que la justicia no ha muerto.
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