López Obrador refirió que el fenómeno migratorio debe ser abordado con respeto a los derechos humanos y dando opciones de trabajo a los que se ven obligados a abandonar sus pueblos. La Jornada 2018.
Esto lo decía el presidente en octubre de 2018, incluso en algunos de sus mítines “invitó” a los migrantes centroamericanos a venir a México. Que aquí tendrían trabajo.
La realidad de enero de 2020 dista mucho de esas palabras del presidente, incluso lo de los derechos humanos tampoco es cosa que la actual administración se haya tomado en serio, al menos en apariencia.
No resulta nada sencillo contener a la migración centroamericana, por un lado y por el otro, tener a Estados Unidos presionando para que esto se cumpla cabalmente.
El control migratorio a base del uso de la fuerza con la guardia nacional provocó que fotos donde los miembros de dicha corporación trataban salvajemente a los migrantes, dieran la vuelta al mundo. Al grado de que la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas se tuviera que “preocupar” por la situación en la frontera sur del país.
Por si esto no fuera suficiente el órgano encargado de la administración de la migración en México, Instituto nacional de migración, emitió un oficio en el que prohibió de manera temporal la entrada de colectivos de las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias. Cosa que tampoco resulta muy positiva y consecuente con el discurso de los derechos humanos que señalaba el presidente meses antes de la actual situación.
La cuestión no es que el presidente y los miembros de su gabinete hagan lo que tienen que hacer que es, el resguardo y el cumplimiento de la Ley. Lo que quiero decir es que, si los extranjeros quieren entrar a territorio nacional, deberán cumplir con lo establecido en la ley y el trabajo del poder ejecutivo es velar por que la ley se cumpla. El asunto aquí son las formas y el discurso.
No se puede enviar un mensaje: “vengan todos a México” y luego echarlos a palos de la frontera y encima no respetarles sus derechos humanos.
Además de incongruente y contradictorio, la credibilidad del presidente se ve mermada por las medidas un tanto desproporcionadas por parte de los miembros de su gabinete.
Por otro lado, también se ve afectada la reputación país de México, desgastada en los últimos tiempos por la violencia generalizada. Como si no fuera suficiente, el presidente tiene otro frente abierto, retador y que no puede resolver el sólo.
El imperio de la ley es lo que debe regular el día a día de cualquier sociedad, y el tema de la migración no debe ser la excepción a menos que de refugiados o asilados se trate, situación que también se encuentra regulada en la legislación.
Lo relevante de este asunto es que un mandatario debiera tener congruencia entre lo que dice y lo que hace. Entiendo que López Obrador no puede estar al pendiente de todos los temas de México, pero sí es su responsabilidad hacer que sus “promesas” de campaña se cumplan, como el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en territorio nacional de acuerdo con la constitución mexicana.
El control justo y legal de la inmigración centroamericana en México no resulta nada sencillo por la cantidad de personas, por las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la frontera sur, pero el respeto a los derechos humanos no puede basarse en arbitrariedades, excesos o rifas dónde unos pierden y otros ganan.
Los derechos humanos son una aspiración máxima de la dignidad de las personas que debe dejar de ser una ilusión para convertirse en cotidianeidad.
Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
Abogado internacionalista y catedrático universitario.
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