La problemática migratoria que se desarrolla en la frontera sur donde más de tres mil personas se han concentrado para tratar de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica y que han sido contenidas, al menos hasta ahora, por elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Instituto Nacional de Migración, coloca en el primer plano el tema de los derechos humanos de los migrantes, lo que involucra también múltiples realidades, necesidades, motivaciones y riesgos, sobre todo aquellos que se relacionan con la grave situación de las niñas, niños y adolescentes no acompañados en su tránsito por México. Es necesario recordar que durante los últimos tiempos ha aumentado significativamente el número de personas que huyen de su país de origen, ya sea por situaciones estructurales de extrema violencia social generada por la delincuencia, la pobreza y persistente desigualdad, por la aguda precariedad y ausencia de salud, vivienda y educación, o por temores fundados de que su vida peligra sin que pueda ser garantizada por las autoridades. Así ocurre en la región de Centroamérica identificada como el Triángulo del Norte que comprende tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador cuyos habitantes integran mayoritariamente las denominadas caravanas migrantes que arriban a nuestras fronteras.
La migración contemporánea tiene lugar en una sociedad global donde los procesos sociales, económicos y culturales se despliegan en un mundo donde las fronteras nacionales tienden a ser más porosas y difíciles de controlar, desafiando al tradicional Estado-nación como forma natural de organización internacional. La gestión de la migración es de especial relevancia para los países que reciben grandes flujos de emigrantes, así como de migrantes en tránsito, inmigrantes y migrantes de retorno. Esta situación resulta más preocupante por las políticas xenofóbas del presidente Donald Trump, quien estableció una estrategia más estricta en la aplicación de las leyes, mayores controles de carácter migratorio —incluyendo la iniciativa de construir un muro en la frontera con México—, intensificó el número de deportaciones y del personal policíaco destinado a esas labores, de la misma forma como mantiene la amenaza de retirar fondos presupuestales a las ciudades de la Unión Americana que no cooperen con la autoridad federal en materia migratoria.
En este escenario, resulta impostergable retomar los compromisos establecidos en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo respecto a la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, evitando la criminalización de la migración, el racismo y la intolerancia, garantizándoles la protección y el acceso a los servicios sociales básicos, así otorgar prioridad a las personas más vulnerables. De la misma manera, se debe atender la necesidad del diálogo y la cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino.
La crisis migratoria obliga a reflexionar sobre las contradictorias estrategias adoptadas por el gobierno de AMLO, caracterizadas por su ambigüedad, ya que por un lado incentiva a los migrantes al ofrecerles trabajo, como afirmó en su conferencia matutina del pasado viernes al señalar que existen al menos cuatro mil puestos laborales en la frontera sur mexicana, mientras que por el otro se alinea a la estrategia antiinmigrante de los EU, deteniéndolos y persiguiéndolos. La novedad ahora es la interesada injerencia en las políticas migratorias mexicanas de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, cuyo líder es amigo del presidente, y que ha habilitado templos como albergues en apoyo a las cambiantes estrategias gubernamentales de contención y adoctrinamiento.
