- No hay coordinación entre normatividad y realidad; faltan datos oficiales y políticas públicas; tampoco se ha incorporado en el marco legal la resiliencia y tratamiento del duelo para las víctimas, exponen especialistas.
Toluca, Estado de México.- El país atraviesa por una crisis de derechos, derivado de las desapariciones forzadas y feminicidios, y a pesar de que existen diversos instrumentos jurídicos que garantizan el pleno goce de las prerrogativas, no han logrado intersectarse con la realidad para vivir los derechos humanos plenamente, explicó el investigador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Arturo Guillermo Larios Díaz.
El ponente del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos: Vulnerabilidad humana y Crisis institucional, destacó que para combatir la situación, la CNDH propuso la expedición la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, a fin de tipificar el delito de desaparición forzada por parte de particulares, así como normar criterios para su investigación, sanción y reparación del daño de las víctimas.
Sin embargo, aseveró que más allá de contar con una serie de instrumentos jurídicos encaminados a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el país, es necesario que cada uno de los miembros de la colectividad haga un ejercicio de conciencia para no quedarse callado ante cualquier irregularidad que atente contra la sociedad, en este caso, por la desaparición forzada.
Para el abogado, todas las personas deben convertirse en militantes de los derechos humanos, pues sólo de esa manera las cosas podrán cambiar en el país, que atraviesa por una crisis de garantías primigenias, a fin de vivir plenamente los derechos humanos.
Sobre el tema, Alejandra Flores Martínez, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, mencionó que pesar del incremento de la desaparición de personas en territorio nacional, no existen datos oficiales, ni políticas públicas que permitan combatir el fenómeno.
De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en enero de 2018 se contabilizaron al menos 34 mil 656 desaparecidos, mientras que la entonces Procuraduría General de la República señaló que en ese año se reportaron 732 averiguaciones previas, y únicamente siete llegaron a una sentencia judicial relacionada con la situación, expuso la académica.
Reiteró que en México el tema no se ha trabajado lo suficiente, no hay información sobre el número exacto de desaparecidos, ni de las características de dicho fenómeno, “no tenemos datos puntuales de quién es el individuo que desaparece”, por tanto, ante este panorama propuso erradicar las políticas que provocan la desaparición, a conocer la verdad de lo ocurrido, y reforzar las redes de apoyo de la sociedad civil y familiares.
Por su parte, Carolina León Bastos, profesora de la Universidad Anáhuac México, indicó que se requiere atacar la impunidad, de lo contrario las acciones para combatir el delito se verán afectadas de manera considerable y mencionó lo paradójico que resulta que por una parte el Estado es el principal defensor de los derechos humanos, pero por el otro, es el que los violenta, a partir de un delito tan grave como es la desaparición
Al participar en la mesa, “Desaparición forzada y mecanismos de resiliencia”, la investigadora refirió que la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos, no solo de la persona involucrada directamente, sino también para su familia y la colectividad; y al no existir mecanismos para que la autoridad esclarezca los hechos, se convierte en una vulneración a los derechos a la verdad y acceso a la justicia, lo que entorpece la paz social.
“Es una obligación del Estado informar a su sociedad qué está pasando y por qué, pero normalizar este tipo de hechos hace mucho daño a los pueblos, por ello es indispensable hacer conciencia sobre la situación, y sobre todo, corregir errores del pasado e intentar por todos los medios frenar el delito”, para que la impunidad deje de ser la excusa para no denunciar y no actuar, expuso.
El investigador Sadot Sánchez Carreño destacó que en México no se ha incorporado en el marco legal la resiliencia y tratamiento del duelo para las víctimas de desaparición forzada, pues no existe otro delito que deje tanta incertidumbre y dolor permanente, “la familia queda en zozobra con la que viven permanentemente al no saber si sus familiares están vivos o donde están.”
Confió que al incorporar dichos mecanismos, en coordinación con la sociedad civil, se harán las propuestas constitucionales y de políticas públicas para dar resultados para no solo contener, sino erradicar el delito.
