El pasado martes 17 de diciembre, día en el que el papa Francisco cumplió 83 años de edad, decidió poner fin al secreto papal que en 1974 estableció el papa Pablo VI, para casos e investigaciones de especial gravedad.
Ese decreto fue utilizado por los papas, y en particular por los obispos, para mantener en secreto los casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes y jerarcas de la Iglesia.
En los casos de pederastia este recurso ya no podrá ser utilizado como pretexto, para encubrir a los criminales. La nueva disposición ha entrado en vigor de manera inmediata.
El arzobispo Charles Scicluna (Canadá, 60), secretario adjunto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, afirma que esta medida “elimina cualquier obstáculo en la vía de la comunicación entre la autoridad eclesial y las víctimas, y entre las autoridades eclesiales y la del Estado”.
Y agrega que “la autoridad del país que pida a una diócesis información sobre un caso de abuso a menores no volverá a recibir la respuesta: lo lamento, esta información está protegida por el secreto pontificio”.
Los especialistas coinciden en que la abolición del secreto papal en esta materia va a agilizar la tramitación de las denuncias y que los casos pasen a la brevedad a las autoridades civiles.
Se elimina de una vez y para siempre la posibilidad de esconder, a nombre del secreto papal, las investigaciones y la identidad de los sacerdotes que abusan de menores.
Ahora todas las diócesis, sin excusas, deberán entregar a las autoridades civiles toda la documentación que estas requieran sobre las denuncias y los procesos en curso.
La decisión tomada por el papa es un avance en el conjunto de medidas aprobadas el pasado febrero en la cumbre celebrada en Roma, para enfrentar la pederastia en la Iglesia.
De acuerdo a la nueva norma las víctimas tendrán acceso a la información de las causas en las que están implicadas.
Los canonistas consideran que la decisión papal es un gran avance en la transparencia de los procesos que ha sido una de las exigencias de las víctimas.
La nueva disposición establece que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos”.
Ante la claridad de la nueva norma lo que ahora queda es que las conferencias episcopales del mundo y los obispos que las integran actúen en consecuencia. Implica un cambio radical a lo que venían haciendo.
Las víctimas han valorado de manera positiva la disposición del papa. Era una de sus demandas. Uno de sus portavoces, el chileno Juan Carlos Cruz, dice que “a muchos obispos se les acabó el carnaval de la oscuridad y ahora tienen que colaborar con la justicia y dejar de escudarse tras esta pared de secretismo”.
Twitter: @RubenAguilar
