Una vez aprobado el adendum o anexo a la renegociación del Tratado de libre comercio para américa del norte, tal parece que México vive una resaca de carácter político, económico y social y de los dirigentes empresariales que no quedaron satisfechos con esta negociación que el gobierno ha vendido como exitosa.
El debate público, se basa en parte, en la siguiente pregunta: ¿Estados Unidos tendrá inspectores u observadores en México para evaluar si están cumpliendo las normas laborales?
Todo indica que sí, aunque en política, los eufemismos son lo de hoy y siempre, los negociadores han procurado hacernos creer que esto no será así, pero todo indica que sí que será así. Y no lo veo tan grave como pareciera, me explico más adelante.
Particularmente el subsecretario de relaciones exteriores para américa del norte, Seade, ha procurado matizar esta circunstancia que se ha incrustado a destiempo dentro del T-MEC. Incluso tuvo que salir en “defensa” del Gobierno mexicano, uno de los negociadores del dichoso anexo, pues de acuerdo con los medios de comunicación, el nombrado negociador afirmó que se trata realmente de que se contará con personal norteamericano en materia laboral en México para efectos de proveer asistencia técnica. ¿a qué tipo de asistencia técnica se refiere? ¿a la de poner aranceles de manera arbitraria y a voluntad por parte del gobierno norteamericano? Tal parece que Estados Unidos se salió con la suya.
Las preguntas son: ¿en México no tenemos personal lo suficientemente capacitado para vigilar el cabal cumplimiento de los derechos laborales en México? O no es verdad que ¿la constitución mexicana es una de las más garantistas en materia de derechos laborales?
Sí tenemos personas muy capacitadas y una constitución que formalmente garantizan que los derechos laborales se cumplan en México. ¿Cuál es el problema? Que entre lo formal y lo sustancial no hay correspondencia, es decir, la Constitución mexicana no se cumple y ahí está el verdadero problema. Lo que es peor, que Estados Unidos lo sabe y lo utilizará para acabar con algunas industrias que representan un déficit para su economía.
Quizá no sea del todo tan malo, ya tenemos un pretexto, una gran justificación para empezar a garantizar en lo sustancial los derechos laborales de los mexicanos. El gobierno de López Obrador está empujando, en parte, para que esto suceda, ejemplo de ello es que la subida de los salarios es inminente e imparable por lo menos mientras el gobierno sea lo suficientemente sólido y hábil para gobernar.
Lo que busca la administración de Trump es la relocalización de las empresas, es decir, que las empresas que se han establecido en México vuelvan a Estados Unidos, la administración de Trump busca que ya no sea tan barato invertir en México y así absorber la inversión que se desmotive por razones de costos de operación en el momento en que aumenten los salarios y las leyes laborales en México se conviertan en normas reales y sustanciales.
El reto es mantenernos como un país atractivo para la inversión a través de mejorar los procesos de apertura, desarrollo y crecimiento económico-empresarial.
Quizá en el fondo no sea tan malo mejorar las condiciones de los trabajadores en México, pero también tenemos que saber con claridad cuales serán los precios para prevenir contingencias.
Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
Abogado internacionalista y catedrático universitario.
Correo: cgonblanc@aim.com
