En 2002, inició en Estados Unidos la primera oleada de denuncias de casos de sacerdotes que habían abusado de menores y años después en Europa y Oceanía ocurrió la segunda oleada.
Ahora se está ante una tercera oleada que tiene lugar en América Latina. El pasado 19 de noviembre la organización británica Child Richter International Network (CRIN) dio a conocer un documento con casos en 18 países de la región.
Según CRIN la Iglesia y los gobiernos en Latinoamérica no conocen la dimensión del problema, sobre el que existe un gran tabú, y su trabajo se propone solo como el inicio para que ambos actores se den a la investigación a fondo de esta realidad.
En el estudio de CRIN cuatro países concentran el mayor número de denuncias públicas: México 550, Chile 243, Argentina 129 y Colombia 137. En Uruguay son 44 y en Guatemala 12.
El documento no contempla el caso de Brasil, la mayor catolicidad del mundo, donde oficialmente el problema no existe. CRIN cita un documento interno del Vaticano de 2005 que estima en ese país estaban implicados 1,700 sacerdotes.
La organización dice que iniciaron su investigación a partir del hecho del muy bajo nivel de denuncias en los países de la región, de mayoría católica, en comparación con otros países de población católica más pequeña y con más denuncias.
En Argentina las denuncias iniciaron en 2017 y en Chile en 2018. En estos países las víctimas se han organizado bien, para ser escuchadas y que salga a la luz pública los abusos y el nombre de los abusadores. En ambos países la justicia civil está dando respuesta a los casos.
La Iglesia en México ha dicho que 157 sacerdotes han sido suspendidos de su ministerio en los últimos nueve años y que 101 han sido procesados ante la justicia eclesiástica, pero no han revelado su identidad.
En versión del exsacerdote Alberto Athié, un reconocido luchador en contra de la pederastia, la Iglesia en México ofrece números, pero no da a conocer el nombre de los abusadores en el intento de “cuidar su imagen”.
Athié, que el presidente López Obrador criticó cuando renunció a ser consejero de la CNDH, tras la elección ilegal y fraudulenta de su nueva presidenta, sostiene que es urgente “romper el pacto” entre la Iglesia y las autoridades civiles que protegen a los sacerdotes pederastas.
En América Latina, la Iglesia, por todos los medios, intenta esconder la realidad de la pederastia y encubre a los sacerdotes culpables de la misma, dice CRIN.
Y añade que incurre en el encubrimiento a partir de trasladar al acusado a otro sitio, culpar a las víctimas y sus familiares y hacer pagos secretos, para comparar el silencio de los acusadores.
La Iglesia mexicana debe ventilar el problema y ser más abierta en la manera de enfrentarlo. Lo merecen la verdad y las víctimas.
Es también la manera de decir a los sacerdotes victimarios que su delito se hará público y no habrá impunidad. (He tomado información de un artículo de Íñigo Domínguez, El País, 20.11.19)
Twitter: @RubenAguilar
