El día 3 de diciembre del año en curso, fue aprobado en el Senado de México, el dictamen que regularía las “outsourcing” o régimen de subcontratación laboral. Esto significa que se busca una regulación más acotada y precisa sobre cómo, por qué, cuándo y quiénes podrán realizar subcontrataciones en lugar de hacer contrataciones directas.
El objetivo: evitar abusos, evitar el “fraude” a hacienda, a la seguridad social y los derechos sobre el fondo de vivienda de los trabajadores. Además, y, sobre todo, debiera ser para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados en México.
En el dictamen de la reforma, aparece una cifra escandalosa de 500 mil millones de pesos (unos 2 mil 500 millones de dólares) que representaría, todo lo que deja de percibir el gobierno mexicano por concepto de cumplimiento de la legislación fiscal, laboral y de la protección a los trabajadores. Sin duda es una fuga de ingresos para el Estado mexicano, sin saber a ciencia cierta si la cifra está apegada con la realidad, no deja de ser preocupante, sobre todo, la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores en México: vacaciones, salarios, días de descanso, aguinaldo etc.
¿Qué buscan los legisladores con esta reforma? ¿obtener más recursos o mejorar la vida de los trabajadores?
Por otro lado, la cúpula empresarial en México, COCAMIN y COPARMEX rechazan el proyecto pues esto pone a sus agremiados en una situación de vulnerabilidad y en estado de indefensión pues nunca fueron consultados para poner en marcha una negociación. De hecho, la organización internacional del trabajo recomienda que las decisiones en materia de política laboral, sean tomadas de manera Tripartita: empleados, empleadores y gobierno, pues la construcción de la política laboral se debe hacer con los actores más relevantes relacionados con el tema. Esto no fue así.
No es un secreto, además de ser evidente a simple vista, que los derechos laborales en México tienen un retraso importante y que las políticas de fomentar trabajo digno y decente han fracasado para una parte muy importante de la población del país.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
Considerando que la terciarización del mercado laboral representa, de acuerdo con INEGI, Manpower y AMECH, 5 millones de personas y que aproximadamente son 2,000 las empresas que trabajan bajo este esquema, sin duda alguna el cambio de las reglas del juego para la subcontratación tendrá un impacto fuerte y amplio en el mercado laboral mexicano. Pueden suceder dos cosas:
- Que las empresas terminen contratando directamente a los empleados en sus centros de trabajo
- Que las empresas dejen de contratar al personal contratado en régimen de subcontratación. Es decir aumentaría el desempleo.
Pero desde mi punto de vista, la estrategia y propuesta de los legisladores para acotar y regular al régimen de “outsourcing” no es la ideal pues ya está regulada dicha actividad. Es verdad, quizá sin tantas especificaciones, pero está señalada en la legislación y la normatividad laboral. Y sobre todo que ya contamos con legislación en la materia para hacer que la ley se cumpla, y ahí esta el problema de siempre, que las normas no se cumplen, y los que tienen que hacerlas cumplir o no pueden o no quieren.
¿A qué me refiero? A las inspecciones laborales, que buscan justamente, señalar y sancionar a los posibles infractores a la legislación laboral. Por poner un ejemplo: de acuerdo con el INEGI y su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), considerando sólo los establecimientos grandes, existen 466,301 de centros de trabajo en la Ciudad de México; por otro lado, hay 36 inspectores de trabajo de acuerdo con la Secretaría del trabajo de la ciudad de México. Es decir, por cada inspector, le corresponden “vigilar” potencialmente 12,952.80 establecimientos, imaginemos que cada establecimiento tiene por lo menos 15 trabajadores, la cifra se dispara enormemente.
De ahí me parece que antes de legislar, las autoridades debieran pensar en hacer cumplir la normatividad. Debemos dejar de creer que la promulgación de nuevas leyes cambia realidades, es más bien, desde mi punto de vista, la aplicación de la norma lo que motiva a los gobernados a respetarlas y por consecuencia se transforma la realidad, o, dicho de otra manera, menos bla bla bla y más acción es lo que necesitan los trabajadores de México.
Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez
Abogado internacionalista y catedrático universitario.
Correo: cgonblanc@aim.com
