La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma social y de derechos humanos, en que las más de 7.5 millones de personas con discapacidad en nuestro país ya no sean vistas como objetos de caridad y asistencia, para convertirse verdaderamente en sujetos de derechos y obligaciones, con respeto pleno a sus libertades fundamentales y sin discriminación alguna por motivos de su condición, y destaca que aún son asignaturas pendientes la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión plena y efectiva en la sociedad, la accesibilidad, el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humana.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad –3 de diciembre—, esta Comisión Nacional manifiesta su preocupación porque a 11 años de la suscripción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) exista profundo desconocimiento de las autoridades federales y estatales respecto de sus obligaciones legales en ese tema, ya que en general consideran que no es de su competencia, como lo revela el Atlas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con el cual las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre discapacidad revelaron contar con ella pero no desagregada, e incluso se detectaron casos en que refieren no contar con tal información.
La mayoría de las instituciones consultadas respondió que no hay recopilación de datos de sus trabajadores personas con discapacidad, y refieren no llevar registro al respecto para “no dañar la privacidad de los empleados”, por lo que al no visibilizarlos se pierde una oportunidad de identificar las necesidades específicas o apoyos para su verdadera inclusión laboral.
En cuanto a los estereotipos y prejuicios respecto de las Personas con Discapacidad (PCD) en lo sociocultural, en la evaluación del uso adecuado del lenguaje incluyente y no discriminatorio sobre discapacidad en ordenamientos vigentes, con corte a agosto de 2019, se encontró terminología peyorativa en 29 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI 2018, de la población con discapacidad, 45.9% son hombres y 54.1% mujeres. Las personas de ese grupo poblacional presentan discapacidad o limitación para realizar al menos una de las actividades medidas como caminar, subir o bajar usando sus piernas (52.7%), ver aunque use lentes (39.0%), mover o usar sus brazos o manos (17.8%), escuchar aunque use aparato auditivo (18.4%), hablar o comunicarse (10.5%), aprender, recordar o concentrarse (19.1%), bañarse, vestirse o comer (13.8%), problemas emocionales o mentales (11.9%) atender el cuidado personal y mental, en tanto que la estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad (49.94%) son mayores (60 años y más) y 33.59% tienen entre 30 y 59 años de edad, lo cual contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad ni limitación, en que 58.16% tiene menos de 30 años de edad.
Cabe señalar que el número de mujeres con discapacidad supera al de su contraparte masculina (4.2 millones frente a 3.6 millones de los varones); de igual forma, la discapacidad al interior de cada sexo tiene mayor presencia entre la población femenina: 8.62% de las mujeres del país viven con esta condición y en el caso de los hombres, representan 7.48 por ciento, y una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más; y entre el total de personas mayores con discapacidad del país, son mujeres 6 de cada 10.
Ante este panorama, es de recordarse que el Estado mexicano al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificar su Protocolo Facultativo se comprometió a proteger y promover los derechos y la dignidad inherente de las personas con discapacidad, con miras a la construcción de una sociedad incluyente, mientras que la CNDH por medio del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de dicha Convención emprendió una estrategia para impulsar la consolidación de los Mecanismos Independientes de Monitoreo Estatales a cargo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
La CNDH destaca la importancia de construir la igualdad a partir de la diversidad, así como de adoptar mecanismos de consulta accesibles, públicos y transparentes que privilegien la efectiva participación de las personas con discapacidad en todos los temas sin discriminación, al tiempo que llama a los Poderes Legislativos federal y estatales a emprender acciones que deriven en la creación, modificación o adición de leyes para que su espíritu sea respetuoso y garante de los derechos de las personas con discapacidad.
