La 60 legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad exhortar al titular del Ejecutivo estatal y a las secretarías General de Gobierno, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, así como a la Fiscalía General de Justicia y a los 125 ayuntamientos para que atiendan la Recomendación General 1/2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sobre la Situación de las Personas que Ejercen el Periodismo en la entidad.
Al presentar la iniciativa, la diputada Karla Leticia Fiesco García, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la recomendación establece una serie de medidas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades estatales y municipales acepten e implementen la recomendación, con lo cual los trabajos y esfuerzos de todos se encaminen a garantizar libertad y seguridad de los periodistas.
Señaló que esta Legislatura ha tenido el firme compromiso de salvaguardar los derechos humanos, entre los cuales no es ajeno el fortalecimiento de la protección a la libertad de expresión, pero sobre todo a la integridad de los mexiquenses. “Por ello tenemos la obligación de seguir actuando ante los agravios a periodistas que coartan sus derechos”.
Indicó que en la Carta Magna reconoce y garantiza los derechos y libertades de las personas, de donde se desprende la importancia de erradicar la violencia contra las y los periodistas; sin embargo, han sido objeto de agresiones, amenazas e intimidación, colocándolos en una situación de riesgo inminente que se debe atender y combatir de manera inmediata.
En este sentido destacó que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, ha iniciado, de 2010 a este año, 87 indagatorias en el Estado de México, con lo que este ocupa el tercer lugar nacional. Asimismo, registra cuatro indagatorias por homicidio de periodistas en el mismo lapso.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha recibido 153 quejas por diversos hechos relacionadas con periodistas y comunicadores en el periodo comprendido entre 2009 y 2019; este año ha sido en el que más quejas se han presentado, con un total de 24.
Mencionó que es una realidad que las legislaciones estatales de la materia deben ser reforzadas y complementadas tanto con mecanismos de protección, como con protocolos de actuación, estrategias de aplicación efectiva de planes de protección y con perspectiva de género.
Por lo que respecta al orden municipal, destaca el exhorto, dispensado del trámite de dictamen, que es necesario que los 125 municipios de la entidad cuenten con su respectivo Protocolo de Actuación y Protección al Ejercicio Periodístico, porque solo un municipio cuenta con él. Inclusive son pocos los ayuntamientos que hacen mención de la protección al derecho a la libertad de expresión y de las y los periodistas en sus Bandos Municipales.
Los municipios, abundó, tienen el gran reto de proteger a las personas que ejercen el periodismo y comunicadores, y si bien al menos 11 ayuntamientos cuentan con alguna disposición normativa, éstas no prevén la forma en cómo los servidores públicos que tienen relación directa con el gremio deban ajustar su actuar.
