- En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas–2 de noviembre—, este Organismo Constitucional Autónomo llamó a atender como línea de investigación el ejercicio periodístico de las víctimas
- Se requiere el compromiso de todas las autoridades, sobre todo de aquéllas con una posición de especial relevancia en el servicio público, para que respeten y reconozcan los aportes que periodistas y medios realizan al fortalecimiento democrático, evitando en todo momento descalificar o desacreditar su labor, pues esto último contribuye a generar campañas de desprestigio que dificultan el ejercicio periodístico y los ubican en condiciones de mayor riesgo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un enérgico llamado a las autoridades de procuración de justicia para que resuelvan los casos de crímenes contra periodistas que permanecen en la impunidad –incluyendo los 13 homicidios ocurridos en los últimos once meses—por falta de investigaciones prontas, diligentes, profesionales y eficaces por las procuradurías y fiscalías del país, que no han tomado en cuenta como línea de investigación el ejercicio periodístico de las víctimas.
Esta Comisión Nacional advierte que la impunidad lacerante en el 90% de los casos de crímenes contra periodistas –solo en el 10% de los casos existe sentencia condenatoria— y las agresiones contra medios de comunicación tendrán solución si se atiende un problema multifactorial que pase necesariamente por disminuir la violencia e inseguridad que azotan algunas regiones del país, y se capacita y forma eficazmente en derechos humanos a quienes desempeñan un cargo público para que eviten descalificaciones y estigmatizaciones hacia quienes ejercen el periodismo.
En ocasión del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas –2 de noviembre—, este Organismo Constitucional Autónomo puntualizó que si bien las personas que ejercen un cargo público gozan de la libertad de expresión, ésta se encuentra sometida a diversas restricciones, una de las cuales es ejercerla con pleno respeto a las opiniones diversas, ante el riesgo de generar ataques contra periodistas por los sectores que ven tales descalificaciones como un permiso para agredir a la prensa.
De acuerdo con cifras de esta Comisión Nacional, desde el año 2000 se han cometido 153 homicidios de periodistas (16 eran mujeres), 21 más se encuentran desaparecidos desde 2005 y se han perpetrado 53 atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde 2006, datos que dan cuenta del alto nivel de violencia que en México enfrentan los comunicadores.
Las entidades federativas con mayor número de homicidios contra periodistas son Veracruz, con 23 casos; Guerrero, 17; Tamaulipas y Oaxaca, 16 cada uno, y Chihuahua, 14, por lo que en estos cinco estados se concentra más de la mitad de asesinatos de periodistas, lo que muestra un panorama de violencia que convierte a nuestro país en el más peligrosos para ejercer el periodismo en el Continente Americano, y uno de los más riesgosos a nivel mundial, lo que demanda acciones contundentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno para generar ambientes propicios para que periodistas y medios puedan realizar sus actividades con plena libertad.
También se requiere del compromiso de esas autoridades, sobre todo de aquéllas con una posición de especial relevancia en el servicio público, para que respeten y reconozcan los aportes que periodistas y medios realizan al fortalecimiento democrático, evitando en todo momento descalificar o desacreditar su albor, pues esto último contribuye a generar campañas de desprestigio que dificultan el ejercicio periodístico y los ubican en condiciones de mayor riesgo al que ya enfrentan en nuestro país.
La CNDH continuará realizando acciones de política pública en la materia, como la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, que ha sido presentada en la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz, Zacatecas, Saltillo, Reynosa, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Guadalajara, Tepic, San Cristóbal de las Casas, y ante la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
