El Primer Visitador General, Ismael Eslava Pérez, presentó el “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales en México”, que contiene propuestas a distintas autoridades e instancias del Estado mexicano para adoptar un enfoque amplio en materia de derechos humanos e inclusión sustantiva, y garantizar a estos importantes grupos poblacionales el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la discriminación, violencia y “crímenes de odio”, de los cuales son víctimas las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI), son flagelos que dañan profundamente a la sociedad y afectan el libre desarrollo de la personalidad y los derechos a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, al matrimonio igualitario, a la seguridad social, al reconocimiento legal de la identidad de género, a la protección de la salud y a la vida, ante lo cual el reconocimiento y protección de los derechos de las poblaciones LGBTI es indispensable para la consolidación de una verdadera sociedad democrática y plural, en la que prevalezca el respeto por la diferencia como valor para el pleno desarrollo de sus integrantes.
Las personas LGBTI suelen enfrentar los efectos de toda una vida de discriminación, rechazo y burlas, lo cual las coloca en un riesgo mayor de sufrir enfermedades físicas y mentales, además de otras condiciones como aislamiento social, depresión y ansiedad, pobreza, enfermedades crónicas, incluso mortalidad prematura.
Puso en relieve que es insuficiente el reconocimiento de los derechos humanos en el plano normativo para su pleno ejercicio por parte de las personas LGBTI, es indispensable que se materialice a través del diseño e implementación de políticas públicas para prevenir y eliminar toda forma de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género; prevalece la carencia de mecanismos e instrumentos para el monitoreo y evaluación de políticas públicas en favor de esas personas; se observa desconocimiento del concepto de “acciones afirmativas”; es fundamental ampliar y profundizar la educación sexual y reproductiva en el país; se deben establecer mecanismos específicos para la atención de personas LGBTI privadas de la libertad; y se debe erradicar la violencia y discriminación contra las personas trans.
Así lo dio a conocer el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al presentar el “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales en México”, dirigido a la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Relaciones Exteriores; Cámara de Senadores; Fiscalía General de la República; Procuradurías y Fiscalías de Justicia de las entidades federativas, Secretarías de Salud federal y estatales; autoridades laborales; Secretaría de la Función Pública, y los poderes legislativos de las entidades federativas, a quienes se les hará llegar este Informe.
En el Informe Especial se señala que la discriminación comienza a edad temprana mediante el bullying y mobbing homofóbico, lesbofóbico, transfóbico y bifóbico, que además de tener efectos negativos a nivel personal lesiona profundamente el tejido social.
Eslava Pérez reveló que de acuerdo con la Encuesta nacional sobre violencia escolar basada en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género hacia estudiantes LGBTI en las escuelas en México casi 50% de las y los estudiantes que se reconoce como lesbiana, gay, bisexual o trans ha sido víctima de acoso escolar por otros estudiantes o personal docente, en tanto que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) señaló que el 72% de la población encuestada consideró que los derechos de las personas trans se respeta poco o nada, y el 66% respondió lo mismo sobre los derechos de las personas gay y lesbianas, y la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, de la CNDH y CONAPRED, mostró que en el último año el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo, el 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho y una de cada dos personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su último empleo por temor a ser discriminada.
Dijo que para la elaboración del Informe solo 18 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia estatales proporcionaron información sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con personas LGBTI, que en conjunto sumaron 390 indagatorias ministeriales, de donde se desprende que los delitos contra personas de esa comunidad con mayor índice de denuncia son discriminación (217 carpetas), homicidio (100 carpetas) y lesiones (52 carpetas), y el mayor número de víctimas son las personas gay (251), población lésbica (61) y personas trans (46), y la edad promedio de las víctimas del delito fue de 32 años.
Este Informe también da cuenta de acciones positivas de algunas autoridades para el respeto a los matrimonios igualitarios, como la Secretaría de Marina, que registró los primeros 5 matrimonios de ese tipo para el reconocimiento de prestaciones de seguridad social en las Fuerzas Armadas y señaló haber atendido el primer caso de un elemento transgénero en el servicio activo, en tanto que el IMSS dijo que se ciñe a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reconocer el acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad a cónyuges del asegurado, asegurada, pensionado o pensionada con independencia de si se trata de matrimonios entre personas del mismo sexo.
El Informe contiene, además, propuestas a distintas autoridades e instancias del Estado mexicano tendentes a la adopción de un enfoque amplio en materia de derechos humanos e inclusión sustantiva, para garantizar a las personas LGBTI el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población, también formula propuestas en materia de educación; sobre procuración y administración de justicia; en materia de salud; en materia de trabajo y en materia legislativa.
La Vicepresidenta de la organización “Almas Cautivas”, A. C. Daniela Esmeralda Vázquez Matías, dijo que el Informe da cuenta de los avances que se tienen en materia de derechos humanos de la población LGBTI; sin embargo, habría que tener cuidado y mirar con ojo crítico que una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es la realidad; si bien existen avances, políticas, normas y programas no implica que las personas de la diversidad sexual tengan acceso a ellos, en especial las que se encuentran en prisión.
Dijo que a nivel federal existe la Ley Federal de Ejecución Penal, que si bien señala que no debe haber discriminación en las cárceles por orientación sexual e identidad de género, en la práctica hay una distancia grande, por lo que es necesario que instituciones como la CNDH tomen cartas en el asunto. Añadió que en ninguna otra ley están representadas las personas trans, por lo que gobierno y sociedad civil deben generar alianzas mayores para cambiar esa situación.
Por su parte, Ulises Pineda Miranda. Director Ejecutivo de Diversidad Sexual, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comentó que visibilizar y reconocer la diversidad sexual y de género es fundamental para conquistar la igualdad, lo que cada vez toma cada vez más fuerza, aunque forma parte de una deuda institucional, legal y social que se tiene que eliminar.
Agregó que el conjunto de estigmas, prejuicios, estereotipos e idealizaciones impiden y obstaculizan el ejercicio de los derechos, la práctica de libertades, la expresión libre de afectos y el acceso a la justicia. Por ello, dijo, el respeto y reconocimiento de la existencia de la diversidad corporal, identitaria, lingüística y de género en la Ciudad de México debe ser explícita en todos los espacios de la vida social, pues forma parte del camino para evitar la violencia cultural, estructural, e institucional hacia estas poblaciones.
El Primer Visitador General destacó que el contenido del Informe Especial no sería posible sin el trabajo, dedicación y esfuerzo incansable de las organizaciones de la sociedad civil y todas las personas que luchan por el respeto de sus derechos.
Finalmente, hizo un llamado para unir destrezas, habilidades, talentos y formas de percibir la vida para conformar una sociedad inclusiva, solidaria, libre de toda forma de violencia y discriminación, consciente de que el reconocimiento de la dignidad y la diversidad humana son condiciones indispensables para alcanzar la libertad, la justicia y la paz.
