Como era de esperarse, el día de hoy fue revocada la última de las suspensiones definitivas que el colectivo #NoMasDerroches había obtenido en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL). A pesar de que se solicitó a la Suprema Corte de Justicia que atrajera los recursos, en la oficina de la Presidencia del Alto Tribunal, hasta el momento no ha dado trámite a los escritos respectivos.
A pesar de que ya no hay órdenes judiciales que prohíban al Gobierno Federal iniciar las obras, los juicios de amparo continúan y se seguirán litigando hasta que concluyan de manera definitiva todos los expedientes.
Además, subsisten importantes restricciones legales antes de que pueda dar inicio la construcción del AISL, entre ellas:
– El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. La SEDENA evidentemente no cumple con este requisito.
– No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
– No existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado.
– Aún no se cuenta con un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie.
– La empresa NAVBLUE SAS no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal.
– No se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la SEMARNAT en la Autorización de Impacto Ambiental.
– No se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social.
– Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez.
Al iniciar la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales para construir un aeropuerto internacional, se está incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, pone en riesgo la vida e integridad tanto de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas.
Asimismo, llama la atención que, por un lado, la SEDENA, mediante acuerdo del 18 de septiembre, haya decidido reservarle a los mexicanos la totalidad de la información relacionada con el AISL por el resto del sexenio argumentando que pudieran cometerse “delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio” y, por el otro, que la SCT, mediante oficio del 25 de septiembre, reconozca que no cuenta con un proyecto ejecutivo ni con un plan maestro al respecto. Se hace un llamado a nuestras autoridades para que den a conocer, si es que existe, la totalidad de la información relacionada con el proyecto aeroportuario que es del interés de todos los mexicanos, y que con base en esa información, se permita el intercambio de ideas, las mesas de análisis y propuestas alternativas para resolver el problema de saturación que actualmente presenta el Aeropuerto Benito Juárez.
La exigencia de #NoMasDerroches siempre ha sido clara: que se respete la ley, que se protejan los derechos fundamentales y que se haga un uso eficaz de los recursos de los mexicanos.
Seguiremos luchando para que en México impere la razón y no la fuerza, el Estado de Derecho y no la arbitrariedad.
