A menos de un año de haber iniciado la administración del Gobierno Federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las bases fundamentales de la democracia mexicana están en riesgo.
El Artículo 83 de la Constitución Política establece que el Presidente durará en el cargo seis años, además de que “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.
Esas dos máximas constitucionales están en riesgo, toda vez que es deseo del presidente someterse a una revocación de mandato, la cual no está contemplada en la Constitución que nos rige, misma que juramentó guardar.
Si en el Senado de la República prospera la iniciativa de una revocatoria de mandato, estaríamos no sólo vulnerando la periodicidad del cargo para el cual fue electo por mayoría el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también se afectaría el principio de la no reelección.
La revocación de mandato que plantea el mandatario nacional y que fue presentada por el dirigente de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, pretende realizarse al concluir el tercer año del actual gobierno federal.
De tener un resultado adverso, López Obrador no concluiría con los seis años para los cuáles fue electo, mientras que de ser favorable el resultado, abriría el escenario político a la reelección.
La Coparmex ha señalado las graves consecuencias políticas, jurídicas, económicas y sociales que esta iniciativa de reforma constitucional ocasionaría en el sistema democrático de nuestro país.
A la afectación a la Carta Magna con las consecuencias reeleccionistas que ello puede significar, se suma, efectivamente, un boquete económico al presupuesto federal y al del Instituto Nacional Electoral, entidad a la que, por cierto, el gobierno de la República ha pretendido disminuirle los recursos que garantizan el ejercicio de la democracia en México.
En términos sociales y de gobierno, una revocación de mandato a la mitad del sexenio distraería al Gobierno Federal, al Poder Legislativo y a las administraciones en las entidades federativas, en una campaña política para preservarse en el poder –cuando no hay necesidad de ello–, de las labores de gobierno que tienen responsabilidad y obligación de cumplir y ejercer.
En muy pocos países en el orbe es aceptada en el ámbito federal la revocación de mandato, precisamente porque vulnera los procesos democráticos establecidos en la elección de mandatarios, y porque trastoca el ejercicio pleno del gobierno al impedir la generación de políticas públicas para promover el desarrollo, la educación, el crecimiento, al centrarse en campañas políticas personales.
Sólo tres países cuentan en sus legislaciones nacionales con un proceso revocatorio. Bolivia, Ecuador y Venezuela, en este último, fue el instrumento utilizado en 2004 por el entonces presidente Hugo Chávez, para perpetrarse en el poder hasta el día de su muerte en el año 2013.
En México las discusiones legislativas han empeorado el escenario acercando las posturas entre dos grupos de Senadores; uno afín a las causas del Presidente y otro conformado por legisladores de oposición, los cuáles en una representación menor, no garantizan el fin de esta amenaza a la democracia.
Las propuestas de modificaciones a la iniciativa presentada por Morena no son suficientes ni resuelven de fondo el tema de la vulnerabilidad del sistema democrático mexicano. Abrir la posibilidad de una revocación de mandato durante los tres meses posteriores al cumplimiento del tercer año del ejercicio de gobierno al peticionarlo el 3 por ciento de los electores en el listado nominal, implica –más allá de omisiones en el ejercicio del gobierno en un momento crucial del sexenio posterior a la curva de aprendizaje– una inversión de recursos sin precedentes para el sistema político mexicano.
Cambiaría la forma de designación del titular del Poder Ejecutivo como la conocemos. La iniciativa expone que la revocación de mandato podría ser impugnada, y que, en caso de que el Presidente de la República resultara revocado, sería el Presidente del Congreso de la Unión quien ocupara su cargo de manera provisional.
La Coparmex reitera su preocupación porque, a pesar de las modificaciones recientes, los puntos más graves y más perjudiciales permanecen en el espíritu de la iniciativa.
La revocación de mandato es antidemocrática. Da la espalda a la pluralidad y evita que la oposición pueda enriquecer las alternativas de cambio.
La revocación de mandato es una medida populista, genera incentivos para que el Presidente, los funcionarios de su gabinete e incluso los legisladores de su partido dejen de lado su responsabilidad institucional y concentren sus esfuerzos a promover y defender la gestión de su líder.
La revocación de mandato es una medida con un alto costo económico para un país que está registrando niveles de crecimiento por debajo del 1 por ciento. Inevitablemente, los recursos que se destinarían para la organización y celebración de una revocación de mandato, dejarían de fluir a programas sociales.
La revocación de mandato se convertiría en la antesala para la reelección, al establecer la ruta legal para tener “sexenios de cuatro años”, recortando el periodo efectivo para que un gobierno pueda ofrecer resultados tangibles y realizar un verdadero cambio en el país.
Lo hemos dicho y lo sostenemos: cuando la ciudadanía acude a las urnas para votar por un candidato a la presidencia de la República, lo hace pensando en que gobernará seis años. No más, no menos.
Coparmex, defiende los periodos sexenales que establece la Constitución de nuestro país.
De aprobarse esta iniciativa, se estaría atentando contra el propio espíritu democrático que presume regir al interior del Poder Ejecutivo. Y no olvidemos que el sistema democrático vigente en México, fue el que permitió que la oposición alcanzara la Presidencia de la República.
La Coparmex mantiene su postura en contra de la revocación de mandato. Una iniciativa que se ajusta a la medida del actual gobierno, pero no a las necesidades de nuestro sistema democrático.
La democracia mexicana no debe sacrificar la gobernabilidad ni la estabilidad del país, bajo el pretexto de abrir espacios de participación ciudadana, que no necesariamente repercutirán en mejores gobiernos.
