México cuenta hoy con una democracia electoral madura. Sin embargo, el País está dando los primeros pasos desde una democracia representativa hacia una democracia participativa.
Actualmente se discute en la Cámara de Senadores, una iniciativa de reforma constitucional, a partir de la cual se pretende instituir en el sistema democrático mexicano, la figura de Revocación de Mandato.
La eventual aprobación de dicha reforma constitucional que propuso el Grupo Parlamentario de Morena, implicaría graves riesgos para la estabilidad democrática de nuestro País.
El argumento “el pueblo pone y el pueblo quita” no es válido para justificar las serias afectaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que podrían derivarse de la medida.
En otras democracias la figura de revocación de mandato tiene malos antecedentes. Los pocos ejemplos de sistemas presidenciales con este mecanismo han derivado en escenarios dañinos a la democracia. Como prueba de ello están los casos de Bolivia, Venezuela y Cuba, donde la revocación de mandato fue la antesala de la reelección.
El proyecto de dictamen de Revocación de Mandato que se discute en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda –y que será llevado al Pleno del Senado esta misma semana– ha tenido algunas modificaciones desde su primera versión.
Como el hecho que impide que sea el Presidente de la República quien solicite la Revocación, facultad que ahora se otorga a los ciudadanos que, unidos en una petición, reúnan el 3% de la lista nominal nacional.
Igualmente, del diálogo entre partidos, se acordó que la Revocación no pueda coincidir ni con las elecciones federales ni con las locales, teniendo prevista la fecha de febrero de 2022. Con ello se evita que el Presidente de la República aparezca en las boletas junto con los candidatos que, en la siguiente elección intermedia de 2021, estarán disputándose 300 diputaciones federales, 15 gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones locales.
Sin embargo, ello no garantiza la estabilidad de la democracia mexicana, en contraparte, la vulnera. Como mandata la Constitución, los periodos a cargos de elección popular deben cumplirse llanamente a menos que un caso de fuerza mayor impida al electo seguir gobernando. La confianza del mandato popular se otorga por periodos determinados, seis años en el caso de la Presidencia de la República, y eso debe imperar.
Aprobar la Revocación de Mandato vulnerará la gobernabilidad, dando el instrumento a oposiciones o líderes carismáticos, para tambalear la figura presidencial o hacerla presa de presiones políticas externas a la votación de la ciudadanía.
En Coparmex, rechazamos la Revocación de Mandato por cinco motivos:
Primero: Se generan incentivos perversos para que el Presidente y su partido realicen proselitismo electoral permanentemente, tanto en las elecciones de cada año como en la nueva fecha que se elija para llevar a cabo la revocación de mandato.
Segundo: En los hechos se estaría volviendo menos eficiente el periodo presidencial, dado que los mandatarios destinarían todos sus esfuerzos para ratificarse y no para gobernar.
Tercero: A pesar del ajuste para que los ciudadanos sean los que pueden requerir la revocación de mandato, sólo basta que un Presidente fuerte en popularidad se lo solicite a sus seguidores para que ocurra.
Además, en la Constitución, ya existen mecanismos apropiados para remover al Presidente, como el desafuero o el juicio político. Con ellos, el titular del Ejecutivo Federal puede ser juzgado y, eventualmente, removido de su cargo, si llegara a justificarse alguna falta grave contemplada en la Ley.
Cuarto: La revocación podría generar incertidumbre política y altos costos económicos.
En caso de que el Presidente en funciones resultara perdedor y procediera la cesación de su mandato, el costo económico de una nueva elección presidencial dañaría los equilibrios en el presupuesto asignado a la materia electoral; plenamente en contra del principio de austeridad que prevalece en los nuevos gobiernos.
Quinto: La revocación podría vulnerar los derechos de los ciudadanos que acudieron a las urnas.
Como sucede en cada elección presidencial, la ciudadanía vota por tener un Presidente durante seis años. No por tres, ni por cuatro. En Coparmex, estamos a favor de periodos presidenciales con una duración de seis años como lo establece la Constitución. Ni más ni menos.
La estabilidad en el mandato presidencial es un activo fundamental de la democracia mexicana que se debe preservar. Cabe recordar que desde la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río –en 1934– a la fecha, todos los presidentes, sin excepción, han concluido su periodo de gobierno.
Eventualmente una revocación de mandato podría dejar un periodo presidencial inconcluso y gestiones menores a los seis años, alterando los múltiples esfuerzos legales de los últimos años, para ajustar y empatar las elecciones locales con las federales y, con ello, lograr ciclos más suaves y digeribles en la renovación de poder.
En suma: lejos de fortalecer a la democracia, la revocación de mandato debilita los mecanismos de participación ciudadana, pone en riesgo la estabilidad del gobierno y abre un precedente sumamente preocupante, al permitir la posibilidad de modificar el periodo por el cual fue votado un Presidente. Nadie puede asegurar que en una propuesta futura se quiera facultar al pueblo nuevamente, con el objetivo de extender el mandato presidencial.
Los grandes cambios políticos, sobre todo en materia electoral como lo es la participación ciudadana, deben nacer desde el gran consenso ciudadano; nunca desde la imposición. Como siempre lo hemos hecho, los mexicanos debemos seguir construyendo nuestro propio modelo de democracia plural, representativa y equitativa, contemplando nuestra historia, nuestros valores y nuestra esencia.
La democracia la construimos todos. Por ello, en Coparmex hacemos un llamado respetuoso pero firme, a los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores para frenar la revocación de mandato presidencial. Aún estamos a tiempo de evitar abrir caminos que después puedan derivar en una posible reelección.
Con el fin de evitar cualquier especulación sobre una posible extensión del periodo presidencial –recordando que el Presidente ha manifestado en diversas ocasiones que no se reelegirá–, se requiere reformar la Constitución para prohibir expresamente la ampliación, reducción o revocación de mandato.
Es necesario que en nuestra Ley quede claramente establecido que, en ningún caso, el Congreso de la Unión o un Congreso Local, puede aprobar un cambio legal –sea cual sea el mecanismo: consulta, plebiscito o referéndum– que tenga como efecto ampliar el periodo de la gestión de un Presidente de la República, un Gobernador o un Senador; lo mismo que un Diputado Federal o Local, Presidente Municipal, Regidor o Síndico.
Ciertamente la democracia mexicana es aún perfectible. Cuenta con muchas ventanas de oportunidad para mejorar y fortalecer la participación de los ciudadanos. En esta evolución debemos impulsar medidas como la segunda vuelta en elección presidencial, las candidaturas comunes y los gobiernos de coalición.
En Coparmex continuaremos trabajando, dialogando y aportando propuestas que fortalezcan a la democracia mexicana. Muchas gracias.
