- Se han detectado incumplimientos administrativos, tras revisiones jurídicas llevadas a cabo.
- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las indagatorias sobre el accidente en el parque de atracciones.
El Gobierno capitalino analiza la revocación del Acto Administrativo que se traduce en Bases de la Feria de Chapultepec, luego de una revisión jurídica de sus documentos y el peritaje que realiza la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tras el accidente del pasado 28 de septiembre.
Claudia Sheinbaum Pardo, refirió lo que han encontrado a partir de esta revisión que llevaría a tomar la decisión de retirarle el permiso para sus actividades.
“Se han encontrado incumplimientos administrativos, en el último par de años principalmente; ya les vamos a dar toda la información. Ya están trabajando la Secretaría de Medio Ambiente, los abogados, en el análisis exhaustivo para la posible revocación de la concesión de la Feria de Chapultepec”, señaló.
Agregó que si a la conclusión de los procesos que se han iniciado en torno al parque de diversiones se determina su cierre, se convocaría a una licitación internacional para ver quién está interesado en continuar con la operación de este centro de diversión de la Ciudad de México.
Detalló que antes del incidente ocurrido, la Secretaría de Medio Ambiente inició una revisión de los distintos Actos Administrativos y Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) dentro del bosque incluido el de la Feria de Chapultepec, con relación o a la contraprestación que estaban pagando y el cumplimiento de las cláusulas del Acto Administrativo.
Entre otras cosas se está valorando la inversión que la empresa realizó en los últimos dos años dentro de La Feria, ya que su falta constituiría un motivo para la recesión del Acto Administrativo.
Por estas y otras razones de carácter administrativo, el Gobierno de la Ciudad de México analiza la revocación del Acto Administrativo que se traduce en Permiso, de Feria de Chapultepec, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de la integridad de los habitantes de la capital.
