En los últimos años, los distintos gobiernos han destinado esfuerzos para fortalecer al sistema tributario mexicano, con el objetivo de poder recaudar más recursos y combatir la defraudación fiscal, al tiempo de volver la operación más eficiente para los propios contribuyentes.
Una de las medidas con mejores resultados ha sido la creación del Certificado de Sello Digital (CSD), con el que se pueden generar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Gracias a ello, hoy miles de negocios, en especial los de menor tamaño, pueden realizar su facturación de manera fácil y segura, favoreciendo sus actividades productivas dentro de la economía formal.
Lamentablemente, los contribuyentes y en especial los de este sector –conformado por micro y medianas empresas– parece que tendrán que afrontar un nuevo acoso fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria, que podrá afectar su desempeño productivo. Como parte del Paquete Económico 2020, se está proponiendo modificar el artículo 17-H, fracción X del Código Fiscal de la Federación para aumentar los casos y modificar algunos actuales, en los que SAT puede cancelar el sello digital, plagando de incertidumbre al sistema tributario.
Con estas nuevas medidas, el SAT le está quitando certeza jurídica a los pagadores de impuestos, puesto que ahora, con un criterio sumamente estricto y subjetivo, podrá cancelar el sello –entre otras razones más– si no se presenta la declaración anual un mes después de la fecha obligada; cuando no se presenten de forma consecutiva dos declaraciones provisionales; cuando se detecten operaciones simuladas o inexistentes; si los ingresos declarados no “concuerdan”; así como por datos de contacto mal proporcionados, como la dirección fiscal, el correo electrónico o el teléfono.
Es claro que todas estas razones acreditan una aclaración por parte del contribuyente e incluso una sanción si el caso lo ameritara. La transparencia y el combate a la corrupción también requieren de pagadores de impuestos cumplidos, honestos y que respeten lo establecido en nuestra legislación. Sin embargo, la cancelación del sello digital es una afectación mayor a los daños que pudieran derivar de estos nuevos supuestos. Esto es grave, porque si se cancela el Certificado de Sello Digital, se anula de golpe toda la operación del contribuyente, al no poder facturar más. Y en el peor de los casos, se generan incentivos para que estos contribuyentes afectados decidan volverse informales y realizar sus actividades en el margen de la Ley, con lo que ni siquiera se estaría avanzando en el combate a los delitos fiscales.
Aunado a ello, la iniciativa también amplía de tres a diez días hábiles el tiempo para que la autoridad fiscal resuelva las solicitudes de aclaración que lleve a cabo el contribuyente para corregir los motivos de la cancelación del sello digital. Igualmente, le otorga nuevos “dientes” al SAT para poder solicitar nueva documentación, con lo que se estaría burocratizando aún más el proceso.
En Coparmex, reconocemos que estas medidas pueden ayudar a fortalecer el combate a las facturas falsas, sin embargo, externamos nuestra preocupación sobre los efectos que pueda tener una autoridad tributaria con demasiadas atribuciones y libertades en el desarrollo de las actividades productivas del país. La cancelación inmediata de un sello digital podría frenar la actividad de una empresa, incluyendo por supuesto el correspondiente pago de la nómina a sus empleados.
Por ello, hacemos un llamado a los Legisladores Federales que actualmente discuten los términos de éstas y otras iniciativas en materia fiscal. Respetuosamente los exhortamos a reconsiderar los efectos de esta iniciativa que frena la actividad de las empresas y, con ello, se perjudica también las posibilidades de crecimiento del país.
Es fundamental que se lleve a cabo un análisis profundo, con argumentos técnicos y donde se consideren las voces de todos los sectores afectados, para darle certeza jurídica a los contribuyentes. Vale la pena recordar que, las pequeñas y medianas empresas generan miles de empleos formales, por lo que su actividad es clave para el desarrollo de nuestra economía.
Debemos seguir avanzando juntos en la construcción de un sistema tributario moderno y eficiente, que ayude a recaudar más, pero que promueva también las actividades de las PYMES y los emprendedores del país
