El combate a la evasión y a la elusión fiscal es un ejercicio común entre los gobiernos de todo el mundo; incluso, es una materia que destaca en las agendas de trabajo de foros internacionales como el G20 y la OCDE. Es perfectamente entendible que las autoridades hacendarias de los países busquen reducir las pérdidas multimillonarias que estas prácticas les producen cada año, comprometiendo los recursos que bien podrían destinar a gasto social o a inversión productiva de largo plazo.
México no es la excepción. En la última década, la lucha contra la evasión fiscal ha permitido que lo dejado de recaudar sobre el valor de la economía se haya reducido a la mitad. El actual Gobierno Federal ha decidido continuar estos esfuerzos, con especial énfasis en identificar el uso de facturas falsas; para poder elevar la recaudación fiscal y, con ello, obtener un mayor margen de maniobra en el ejercicio del gasto público.
La Coparmex, coincide en la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema tributario, sin embargo, está profundamente preocupada ante lo que parece ser el diseño de un sistema persecutorio que acosará a miles de agentes económicos que cumplen sus obligaciones en tiempo y forma. Preocupa cualquier tipo de esquema fiscal, con el que puedan pagar justos por pecadores, sin que necesariamente se esté remediando el problema original de combatir la evasión de impuestos.
Poco se ha hablado de la polémica propuesta para incorporar en el Código Fiscal de la Federación (CFF), el Título Sexto sobre la Revelación de Esquemas Reportables, con el que se pretende obligar a los asesores fiscales a reportar, ante el Servicio de Administración Tributaria, las estrategias que recomiende a sus clientes para que estos obtengan beneficios fiscales.
En otras palabras, con la Revelación de Esquemas Reportables –ya sea Generalizado para varios clientes o Personalizado para uno solo– el asesor y el contribuyente deberán notificar al SAT la planeación o el conjunto de actos jurídicos que llevarán a cabo, revelando los detalles y solicitando la opinión favorable de la autoridad fiscal de manera previa.
Ahora el SAT –reconvertido en una especie de juzgado– podrá calificar la estrategia como positiva o declararla ilegal, en un proceso que puede prolongarse hasta los ocho meses. En el segundo caso y una vez notificado por el asesor, el cliente podrá recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa (TFJA) para intentar impugnar la decisión, volviendo el procedimiento profundamente burocrático y peligrosamente invasivo.
Ante ello, en la Coparmex señala algunos puntos que considera perjudiciales sobre los Esquemas Reportables –que en otras experiencias ha derivado en escándalos mundiales como el caso “Panama Papers” o el “Football Leaks”:
Uno. Se viola el principio del secreto profesional y del derecho a la intimidad, que protege civil y penalmente a médicos, abogados y asesores –en este caso asesores fiscales–, quienes acceden a datos e información del orden privado y que deben mantener en secrecía para proteger las actividades de sus clientes.
No sólo se trata de un asunto legal, sino de permitir que los consejeros fiscales puedan cumplir con sus funciones de asesoramiento, con la más alta ética y profesionalismo posibles.
Dos. Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo, cuando éstos decidan realizar la planificación fiscal internamente.
Tres. Se pondrá en peligro la profesión de intermediación fiscal, de quienes asesoran a las empresas y otros tipos de contribuyentes para diseñar un conjunto de acciones que les permita enfrentar las cargas tributarias con mayor eficiencia, siempre en el marco de la Ley.
En este punto, cabe subrayar que no es lo mismo: no pagar los impuestos que le corresponden a uno y pagar la menor cantidad tributaria que la actual legislación fiscal defina en su demarcación.
Por estas razones, la Coparmex hace un respetuoso llamado a los Diputados Federales para que reconsideren los efectos de esta propuesta, que desafortunadamente ya ha sido aprobada en el Senado de la República.
La Coparmex, cree que sí es posible recaudar sin que sea necesario tener una política fiscal persecutoria. Se debe reconocer que la misma legislación establece alternativas que pueden generar economías de opción para los contribuyentes.
Por supuesto que, juntos podemos construir un sistema tributario moderno, funcional y sumamente recaudatorio, pero que a su vez sea justo, equilibrado y garante del cumplimiento de nuestra Ley; un sistema tributario que nos ayude a continuar los esfuerzos de transformación de nuestro país y a impulsar el conjunto de nuestra economía. Muchas gracias.
