El presidente López Obrador no lo ve todo desde la lógica de la política y el poder que pueda concentrar y luego administrar, para hacerse todavía de más poder. Los temas técnicos propios de la gestión pública le resultan menores o incluso irrelevantes.
Así, no ve la educación como una tarea que exige la mejor preparación de los docentes, la selección de los profesores más calificados y la implementación de los más adecuados mecanismos institucionales que procuren la calidad de los servicios educativos en beneficio de los alumnos.
López Obrador prioriza los intereses de los maestros y busca que su gobierno consiga la fidelidad del gremio en razón de sus propios intereses. En el juego de mutuos intereses se propone que los maestros, con su influencia, trabajen a su favor y le garanticen el apoyo y la simpatía de las familias de los alumnos.
Es la misma lógica corporativa y clientelar que por décadas utilizó el peor PRI, con muy buenos resultados, que garantizaban el apoyo y el voto de los maestros y también de quienes vivían en el entorno donde tenían influencia. Eso se ha debilitado, pero el presidente pretende restaurar y fortalecer esa relación.
En días recientes, el presidente cedió a todas las exigencias de la CNTE y volvió a privatizar la educación pública al entregar al sindicato el control de tramos de la administración del proceso educativo que deben estar solo en manos del gobierno.
La decisión de López Obrador beneficia a los docentes, pero claramente perjudica a los estudiantes. Algunas de estas concesiones son la plaza inmediata al terminar la normal y que los profesores a lo largo de su gestión no sean evaluados, esto sin importar si realizan bien o mal su trabajo.
El presidente en su racionalidad política desprecia el ejercicio de todo tipo de evaluación de la acción del gobierno, para el caso la educativa, sea de los estudiantes, de la organización del sistema, de los programas y también de los docentes. La considera inútil.
De la concepción que el presidente tiene de la educación, de la negativa a la evaluación de los docentes y del cierre del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), entre otras medidas, queda claro que la calidad de la educación vendrá a la baja y habrá una regresión de lo que se ha podido avanzar.
Sin evaluación de los distintos componentes del sistema educativo no hay ninguna posibilidad de ubicar donde están los problemas y en razón de lo mismo de decidir lo que se debe hacer, para resolverlos. Para el presidente eso es un tema técnico que no le ofrece ninguna rentabilidad política-electoral e incluso le puede hacer daño.
Twitter: @RubenAguilar
