El pasado 8 de septiembre, de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados, el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2020. Entre otros aspectos se encuentran regulaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado, con relación a servicios digitales ofrecidos a través de plataformas de no residentes en México (digitalización de la economía, o economía digital), y se propone –entre otras obligaciones–, lo siguiente:
- Registro en padrón simplificado ante el SAT.
- Ofertar y cobrar el IVA en el precio de los servicios.
- Proveer información al SAT sobre el número de operaciones realizadas y el registro actualizado de clientes en México.
- Calcular, retener y enterar mensualmente el IVA correspondiente a las importaciones de contenido digital que se realicen en el mes de que se trate.
- Proporcionar vía electrónica un comprobante de pago cuando lo solicite el cliente.
- Designar ante el SAT un representante legal y un domicilio para efectos de notificación y vigilancia de cumplimiento de obligaciones.
- Imposibilitando al prestatario del servicio digital a acreditar el IVA que les sea trasladado.
La Coparmex, respalda todas las acciones en favor de formalizar la economía del país, incluyendo las actividades desarrolladas en la economía digital. Sin embargo, considera que estas medidas propuestas son un desatino, debido a que se está a tan sólo un año de tener que atender las recomendaciones emanadas del acuerdo global que actualmente están trabajando la OCDE y el G20 con los países miembros, sobre cómo deber ser el cobro de impuestos para las empresas con plataformas digitales.
Cabe señalar que este proceso concluirá a finales del año 2020 y que las naciones que lo suscriben tendrán que emitir sus propias legislaciones fiscales en armonía con estos acuerdos, para el ejercicio fiscal 2021. México, al formar parte de la OCDE, se vería obligado a realizar estos ajustes.
La Coparmex, hace un respetuoso llamado a los legisladores para que revisen y consideren esta coyuntura, a fin de encontrar la solución óptima en la materia y –al mismo tiempo– poder atender los compromisos en los foros internacionales. Asimismo, señala su preocupación ante una nueva muestra de diseño de políticas públicas, desde una perspectiva unilateral. El quehacer gubernamental que requiere el México del siglo XXI necesita atender principios fundamentales como la eficacia, la transparencia y la inclusión de todos los sectores de la sociedad.
