No existe nada que vulnere más la dignidad humana que el no tener trabajo. Por ello Claudia Sheinbaum y el Primer Congreso CDMX, tienen la oportunidad histórica para incidir positivamente en la calidad de vida de miles de personas, demostrando que los instrumentos internacionales de derechos humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento constitucional, se encuentran vigentes en México. En estos momentos donde la sociedad y la economía experimentan transformaciones a nivel global, resulta necesario demostrar que gobernar y legislar respecto al núcleo urbano más grande del país y su principal centro político, económico, financiero y cultural, es un desafío de primer orden toda vez que la Constitución Política local, representa un ordenamiento progresista en materia de aplicación de los derechos humanos, inclusión y tutela jurídica para sus habitantes.
Esto es importante a la luz de la primera Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto de Ley en la Ciudad de México, que busca la regulación del ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública, presentada hace unos días al Poder Legislativo CDMX por la líder de este relevante sector social, Diana Sánchez Barrios, con el respaldo de más de 42,000 firmas ciudadanas para incluir en nuestro ordenamiento jurídico a las miles de personas que ejercen actividades económicas en la vía pública. Este movimiento por la dignificación del comercio popular resulta de una larga lucha colectiva por la inclusión económica y la no discriminación. La difícil situación que enfrenta nuestro país ha generado un creciente desempleo que obliga a las personas que se dedican a la actividad comercial en la vía pública a subsistir bajo condiciones precarias, enfrentando graves problemáticas de inseguridad, discriminación, carencia de seguridad social y ausencia de estabilidad económica.
Es relevante, además, porque reactiva la democracia participativa al utilizar la Iniciativa Ciudadana, un mecanismo legal previsto por nuestro sistema democrático con el cual los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar a los legisladores proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos, para que sean estudiados, dictaminados y votados por el Congreso de la Ciudad. Por la cantidad de firmas aportadas el proyecto se convierte en Iniciativa Preferente, obligando a su discusión en el actual periodo de sesiones. Por otro lado, esta iniciativa ciudadana combate viejas concepciones antidemocráticas, excluyentes y discriminatorias como las sustentadas por la diputada del Partido del Trabajo, Circe Camacho, quien al proponer la enésima reforma a los artículos transitorios de la Constitución Política local —estrategia frecuentemente utilizada para posponer o tergiversar aspectos de avanzada establecidos por la Asamblea Constituyente—, en este caso al artículo 27 relativo a la obligación de expedir dentro del “año posterior de la entrada en vigor de esta Constitución”, la legislación sobre el Derecho al Trabajo respecto a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes en el espacio público. La señora Circe afirma que esta actividad “se ha convertido en un problema sanitario y de seguridad en toda la ciudad (reforzando) las políticas neoliberales y el menoscabo de los logros obreros de los últimos dos siglos”.
Esperemos que los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad den los pasos necesarios para garantizar el derecho humano al trabajo digno para los habitantes de nuestra Metrópoli, permitiendo acabar con aquellas concepciones discriminatorias y autoritarias que caracterizan a muchos legisladores.
