La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por las más de 13 millones de mujeres indígenas en el país y de las que se asumen como tales, quienes aún son víctimas de discriminación racial, por motivos étnicos, de género, lengua, religión y diversas condiciones más, y no son tomadas en cuenta para la planeación y ejecución de políticas, planes, proyectos o modificaciones legislativas que les afecten, por lo cual sus derechos fundamentales están en riesgo constante de ser vulnerados.
De acuerdo con el Estudio Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos “Derechos de las Personas, pueblos y comunidades indígenas” de la CNDH, presentado en 2018, más de 25 millones de personas indígenas y de quienes se asumen como tales –de los cuales el mayor porcentaje corresponde a mujeres— están imposibilitadas de ejercer plenamente sus derechos fundamentales, ya que mientras la armonización legislativa entre las normas mexicanas de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y los criterios internacionales es de 55.71% en el orden federal, en el ámbito de las entidades federativas el promedio es del 62.68%. El derecho al respeto a la integridad de los pueblos y comunidades indígenas alcanzó 54%; derecho a la no discriminación, 69%, y derecho a la participación de los pueblos indígenas, 70%.
Coincidieron en 60% los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de ser consultados; a decidir sus prioridades; a la libre determinación y autonomía; de reconocimiento y protección de derechos y valores; a la igualdad de género, y el derecho de las niñas y mujeres indígenas a ser valoradas y educadas libres de patrones, estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
El derecho a conservar costumbres e instituciones, 76%; derecho a preservar su idioma indígena, 64%; derecho a la propiedad y posesión sobre sus tierras; 63%; derecho de las niñas y mujeres indígenas a una vida libre de violencia, y 61%, el derecho a tener acceso a las funciones públicas y a participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos.
La CNDH llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a revisar la agenda pendiente respecto del acceso de ese sector poblacional al ejercicio pleno de sus derechos, particularmente los que de manera directa representan afectación relacionada con su situación de género, falta de acceso a los servicios de salud, participación política y toma de decisiones, educación y eliminación de las violencias, tanto en las comunidades como en las instituciones públicas.
Para esta Comisión Nacional, el Estado mexicano no debe promover la explotación de recursos naturales, ni implementar políticas públicas en favor de grandes empresas y en detrimento de la consulta a los pueblos indígenas, ni se les puede privar de sus bienes comunales y colectivos como minerales, plantas medicinales, agua y bosques, lo que afecta de manera sensible a la población femenil.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 119 millones 530,753 personas conforman la población de nuestro país, y 21.5% de ellas pertenecen a un pueblo o comunidad indígena o se asumen como tales, de las cuales las mujeres y niñas son quienes más resienten las afectaciones como consecuencia de los proyectos de explotación de recursos naturales, del desarrollo inmobiliario, turístico e industrial que invade los terrenos de esas comunidades y desplaza a sus habitantes, lo que les impide el pleno disfrute de todos sus derechos humanos, incluyendo a la consulta y al consentimiento previo, libre , informado, culturalmente adecuado y de buena fe.
Este Organismo Constitucional Autónomo no omite señalar que las mujeres y niñas indígenas también enfrentan feminicidios, violencia en sus comunidades, muerte materna, violencia obstétrica, matrimonio infantil forzoso, discriminación en el acceso a la tierra, falta de inclusión en la toma de decisiones tanto tradicionales como formales, así como mínimas oportunidades para el ejercicio de sus derechos políticos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos asume el compromiso de participar más decididamente en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas y de impulsar la garantía para su ejercicio, por lo que realiza acciones para reflexionar sobre las implicaciones de la desigualdad estructural en la que se desarrolla su vida y sobre la importancia de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres indígenas desde sus vínculos y relacionamientos sociales, comunitarios, familiares y, sobre todo, en la forma en que el Estado mexicano las conceptualiza como sujetos de derechos.
