Entre 2006 y 2017 las fiscalías de 24 estados detectaron 1,600 fosas clandestinas y exhumaron 2,489 cuerpos, según el estudio Violencia y terror: hallazgos sobre las fosas clandestinas en México 2006-2017, elaborado por la Universidad Iberoamericana y dado a conocer el pasado junio.
Los datos se obtuvieron a través de solicitudes de información en esos estados. La dimensión del problema podría ser peor con la suma de los estados no contemplados y también por falta de información de las fiscalías estatales.
Para dimensionar el problema hay que recordar que el número de los desaparecidos en el país asciende a 36,000 de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
La PGR entre 2000 y 2015 solo identificó a seis de los cuerpos exhumados asegura el informe de la Ibero en el que también participó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
A finales del 2018, Quinto Elemento, una organización de periodismo de investigación presentó un mapa de las fosas clandestinas a partir de información de las fiscalías estatales y concluyó que entre 2006 y 2016 se habían encontrado 1,987 de estas con 2,884 cuerpos.
El pasado mayo, el Gobierno federal dio a conocer un informe según el cual entre el 1 de diciembre y el 13 de mayo se encontraron 222 fosas clandestinas de las que han sido exhumados 337 cuerpos.
Las fosas se encuentran en 81 sitios de 16 estados de la República y poco más del 70 % de estos lugares están en ocho estados que son Veracruz (76), Sonora (35), Sinaloa (23), Guerrero (20), Tabasco (11) Colima (12) y Zacatecas y Coahuila con diez en cada caso.
Por el número de los cuerpos los estados donde más se han encontrado son en Colima (93), Sinaloa (80), Sonora (55) y Nayarit (35) que corresponde al 78 % del total.
Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el estudio del tema y otras enfocadas a la búsqueda de las fosas consideran que las cifras proporcionadas por el informe del gobierno están muy lejos de registrar la dimensión del problema.
Y los datos aportados por el gobierno tampoco corresponden con los que señalan diversos medios y también las fiscalías de los estados. Las cantidades son significativamente mayores.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoce que no existe un registro oficial de las fosas clandestinas y que este es un primer reporte, pero que el gobierno sigue el proceso de registro de las que ya se conocen.
A esas habría que añadir las que el gobierno, como producto de nuevas investigaciones, pueda encontrar. Es lo que demandan las organizaciones de la sociedad civil.
Por ahora el estudio de la Universidad Iberoamericana y Quinto Elemento ofrecen los datos más cercanos a la realidad de esta tragedia nacional. Habrá que esperar que en los próximos meses el gobierno ofrezca los números del registro oficial.
Twitter: @RubenAguilar
