Desde su nacimiento como país independiente, en 1821, México ha experimentado diversas formas de organización política. Hemos oscilado en el espectro ideológico desde un centralismo monárquico hasta un federalismo revolucionario.
La Constitución de 1824 se redactó tomando en cuenta la aversión a 300 años de colonialismo de la Corona Española y se distinguió por el establecimiento de un federalismo regionalista. Desde entonces se abrió un frente de lucha entre dos facciones: la centralista, que buscaba fortalecerse para enfrentar los embates externos, y la federalista, que luchaba por sus libertades y en contra el autoritarismo.
Con su triunfo en la Guerra de Reforma, los liberales ganaron la partida a los conservadores, enviando al patíbulo a Maximiliano y a los principales líderes pro imperialistas. Así sentaron las bases para instalar una Dictadura, en la que Díaz encontraría el equilibrio para garantizar su permanencia y la coexistencia pacífica entre estados y federación.
El sistema se agotaría 30 años después por la concentración del poder en una persona en lo específico, y estalló la Revolución. Después de dos décadas de sangrientas luchas internas, se logró un acuerdo pacificador al crear un partido corporativista que institucionalizaría la transmisión pacífica del poder.
Desde entonces y durante el resto del siglo XX, México vivió un federalismo centralista con estados libres y soberanos en su régimen interior, aunque gobernados por mandatarios propuestos por el presidente en turno.
Aunque criticable desde el punto de vista federalista, el sistema funcionó por décadas. Al tener que rendir cuentas a un jefe político, los mandatarios cuidaban las formas y no se arriesgaban a participar en escándalos de corrupción como los observados en años recientes.
Durante los gobiernos neoliberales se comenzó a consolidar un federalismo real, de tal forma que en 1980 se firmó el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que rige la relación tributaria y de distribución de recursos actualmente. En lo político, empezaron a surgir gobernadores emanados genuinamente de su territorio y con autonomía real de gestión.
La constitución de una verdadera República federalista ha atravesado caminos espinosos. Por eso la intentona del Congreso de Baja California de abusar de esa condición, violando el acuerdo constitucional, pone en riesgo lo ganado a sangre y fuego. Autonomía y libertad no significa hacer lo que nos venga en gana. El federalismo debe ejercerse con responsabilidad. Solo así podremos vivir en armonía.
