Sin cifras concretas sobre la dimensión del problema, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la función Pública (SFP) firmaron un convenio de colaboración para agilizar el intercambio de información sobre declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, evitar mal uso de recursos públicos y promover el cumplimiento fiscal de proveedores en listados en Compranet.
El convenio tiene como antecedente la Reforma Constitucional de mayo de 2015 en combate a la corrupción. En la cual se detalla que a los órganos responsables de investigación y sanciones administrativas no les será aplicable el secreto fiscal.
“La Secretaría de la Función Pública tendrá acceso a información delicada, reservada o confidencial. Incluso aquella que se encuentra amparada por el secreto fiscal”, detalló Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT.
Las dependencias federales ya cuentan con la facultad de intercambiar este tipo de información, lo que cambia con este acuerdo es la carga burocrática que implicaba.
